Una de las consecuencias positivas de la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país será, sin duda, el necesario replanteamiento de algunos aspectos de nuestro modelo de desarrollo económico. Ese modelo, en el caso de un archipiélago, no puede ser el mismo que el seguido en el territorio continental. Esto, al menos, es lo que parece indicar la lógica.
Sin embargo, ya se sabe que en el origen de la actual crisis, una de las razones de la misma ha sido el no interferir en lo que algunos califican como lógica del mercado, y otros, más correctamente, como lógica dirigida a la autodestrucción del propio sistema capitalista. La cuestión de fondo es si efectivamente el capitalismo no responderá, como sistema guiado por el ánimo de lucro, a una lógica de destrucción inmanente que parece inevitable. Lo que en todo caso resulta indiscutible es que el capitalismo, como modelo de desarrollo económico basado en el libre juego del mercado, precisa de un cierto nivel de regulación que ha de venir impuesto por la política, o lo que es igual, por los representantes políticos libremente elegidos por los ciudadanos. Es esta intervención mínima, pero efectiva, por parte de los poderes públicos, la única garantía de que la fuerza arrolladora del capital no acabe con los propios capitalistas y con los que no lo somos pero estamos convencidos de las ventajas comparativas que ofrece el sistema. Y no se trata de reclamar una intervención paternalista, sino de reclamar una intervención que responda a las exigencias del sistema democrático: planteamientos transparentes y capacidad de control democrático sobre las decisiones a adoptar de las que puedan derivarse consecuencias para todas y todos.
En el día de ayer, en el seno de una Corporación democrática de la isla de Tenerife (Cabildo), nuestros representantes políticos libremente elegidos votaron a favor de ampliar, con la construcción de un tercer carril, la autopista que recorre el norte de la isla desde la capital, Santa Cruz de Tenerife, hasta el municipio de Los Realejos. La lógica de la decisión resulta innegable y aplastante: en tanto hasta el día de la fecha el parque de vehículos no ha hecho más que aumentar, se hace preciso construir nuevas vías para que éstos circulen o ampliar las vías ya existentes para así facilitar la referida circulación. En consecuencia, a más coches, más carreteras. No hay más alternativa. Es la lógica que impone irremediablemente el desarrollo económico.
Sin embargo, los datos económicos de la crisis indican que la venta de automóviles en Canarias ha bajado en el último año un 40%. Es decir, no parece, por tanto, que este argumento del aumento del número de vehículos pueda seguir siendo empleado para justificar la decisión de ampliar las carreteras existentes. Pero claro, se dirá, la crisis será coyuntural, y a finales del año 2009 las cosas volverán a estar en el lugar que les corresponde: las ventas de automóviles habrán vuelto a alcanzar cifras que crecerán mensualmente a un ritmo trepidante. Lo mejor será estar preparado para ello. Construyamos nuevas carreteras y ampliemos las existentes.
¿No será mejor lógica aquella que propugna aprovechar el actual momento de recesión para reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta aquí? ¿De verdad necesitamos construir nuevas carreteras o ampliar las ya existentes con las negativas consecuencias que ello tiene para nuestro ya deteriorado paisaje? ¿No deberíamos de una vez por todas desincentivar desde los poderes públicos la adquisición de nuevos automóviles y favorecer la utilización de medios de transporte públicos? ¿No será….?
A mi me parece que los tipos y tipas que nos representan están condicionados por una lógica dominante que les impide ver las posibles ventajas de otras lógicas más acordes con los intereses generales y, sobre todo, con los auténticos intereses del sistema capitalista, que serán siempre los de defender la libertad del ser humano bajo las reglas de la responsabilidad sobre el devenir que les espera a las nuevas generaciones.
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