UNA CUESTIÓN DE CAMBIO DE MENTALIDAD Y DE LEGALIDAD

A veces pienso que la solución a determinados problemas radica en decidirse por la vía rápida. Que persiste en nuestra sociedad la agresión diaria y permanente a las mujeres como síntoma decadente de una sociedad fundamentada en valores machistas, pues que se autorice a las mujeres objeto de maltrato a llevar pistola con objeto de que puedan defenderse y descerrajen la totalidad del cargador sobre el eventual agresor. Este tipo de pensamientos suelen coincidir con el momento en que conozco la noticia de la repetición de una nueva agresión y otra muerte más. Cuando la sangre se enfría y la cuestión de racionaliza, entra en juego el Derecho y la razón. La respuesta contra el agresor, se afirma, ha de venir por la vía jurídica y la defensa de la víctima también. Pero sobre todo, ha de venir por la vía de un paulatino cambio de mentalidad de muchos hombres y mujeres de nuestra sociedad, que siguen pensando y defendiendo que la mujer es un ser que debe estar en último término subordinada al hombre.

Y no se trata de que propugnar que el cambio de mentalidad deba servir como pretexto para comprender mientras tanto la barbaridad que supone la existencia misma de las sucesivas agresiones de todo tipo e intensidad que sufren las mujeres en nuestras sociedades del bienestar, sino más bien, de asumir que en ocasiones determinados valores están muy enraizados en la sociedad y su erradicación es prácticamente imposible a través de la vía exclusiva del Derecho. No por aumentar las penas contra los agresores se va a acabar antes con el fenómeno de la denominada violencia de género (aunque también es verdad que en la actualidad tales penas pueden operar más como incentivo que como medida desalentadora del crimen contra las mujeres). Son múltiples los factores que intervienen y, entre ellos, uno fundamental es la educación. Precisamente por eso, la polémica que se ha planteado en nuestro país con relación a esa nueva asignatura denominada “Educación para la ciudadanía”, es una polémica bastante tosca e interesada en muchos aspectos por parte de aquellos que cuestionan su existencia, o mejor, su “filosofía” subyacente. En realidad, no asumir como exigencia de cualquier labor educativa la transmisión del valor de la plena igualdad entre hombres y mujeres, nada tiene que ver con la existencia de la referida asignatura, sino más exactamente, con la subsistencia de valores y visiones (fundamentalmente de índole religiosa) de la mujer como un ser distinto al hombre. Y esto es lo que en ningún caso se puede permitir en una sociedad fundamentada en el principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley.

En una sociedad democrática (no teocrática), es jurídicamente inadmisible (y, por tanto, debería ser penalmente perseguible) que cualquier religión pudiera defender como principio el de la subordinación de la mujer al hombre. Esto es lo que defiende sin ningún género de reparo la religión islámica, pero es también lo que defiende, si bien más sutilmente, la religión católica. Ambas manifestaciones son producto de una determinada mentalidad que cambiará (no se si para mejor o para peor) paulatinamente, pero desde el punto de vista de la legalidad vigente, fundamentada en unos principios y valores radicalmente distintos, habrá que exigir que los profetas y predicadores de una y otra religión se abstengan de defender públicamente lo contrario, y si así no fuere, que sobre los mismos caiga todo el peso de la ley, que tampoco es tanto...