viernes, 21 de noviembre de 2008

SOBRE EL RÉGIMEN POLÍTICO IMPLANTADO POR COALICIÓN CANARIA


Como fuerza política, Coalición Canaria en los últimos años y bajo esta denominación u otras (AIC, AHÍ, AM, API), ha estado ocupando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y de otras instituciones (Cabildos y Ayuntamientos). En algunos casos, esta ocupación proviene desde el ya lejano año 1979 (caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife). Este hecho ha dado lugar a que un destacado dirigente del PSOE (Santiago Pérez, en la actualidad Diputado en el Parlamento de Canarias) haya acuñado la idea de que en Canarias se ha establecido un régimen político singular o diferenciado dentro del sistema político español. Un régimen político caracterizado por la interrelación de determinados intereses privados (empresarios y profesionales) con aquellos otros específicos de una clase política que en su mayor parte se ha desarrollado y enraizado al socaire del poder, hasta el punto de que muchos de esos políticos no han conocido nunca lo que significa estar en la oposición, por lo que no sería de extrañar que vivan y se desarrollen pensando en que la ocupación del poder es algo que ya les corresponde no por derecho propio ganado periódicamente en los distintos procesos electorales, sino que tal correspondencia es por derecho natural y, sobre todo, por las constantes manipulaciones a las que a través de distintos medios e instrumentos se somete al pueblo canario.

Hay que reconocer que la idea no está mal, aunque no sea del todo original. Curiosamente, es este el mismo planteamiento que sustenta el Partido Popular cuando cuestiona la permanencia en el poder del PSOE en Andalucía, en Extremadura o en Castilla La Mancha. Aunque en realidad, en estos últimos casos, el régimen es aún peor que en el caso de Canarias, pues mientras aquí Coalición Canaria se ha visto hasta el presente obligada a compartir el poder bien con el PP, bien con el PSOE, en esas otras Comunidades Autónomas el PSOE ha gobernado prácticamente desde el inicio de la democracia con gobiernos monocolores, con lo que, presumiblemente, de acuerdo con la tesis de Santiago Pérez y también del PP, el nivel de deterioro de la democracia en tales lugares debe ser escandaloso, salvo, claro está, que se diga que ello dependerá de la calidad democrática de cada fuerza política en particular, y entonces, se concluya de manera consecuente –e interesada, claro- en que el PSOE puede estar ocupando el poder indefinidamente sin que ello se traduzca en caso alguno en un deterioro del sistema democrático, sino más bien en todo lo contrario, en un fortalecimiento del mismo.

Realmente no se si Santiago Pérez es tonto o nos cree tontos a los demás cuando defiende este tipo de planteamientos. Lo que de verdad sucede es que este tipo de ideas se generan por la concurrencia de dos causas fundamentales: de una parte, por el hecho mismo de la falta de alternancia política durante largos períodos de tiempo, lo cual, por principio, no es bueno para el sistema democrático; de otra parte, por la convicción claramente antidemocrática de creer que la fuerza política a la que pertenecemos o defendemos es la única de verdad democrática, en tanto las otras son un remedo y sólo se organizan para alcanzar por vía democrática el poder y aprovecharse del mismo para lograr sus oscuros intereses en connivencia con determinados poderes económicos.

Si Santiago Pérez no pretendiera manipular a los electores y hablara claramente, debería defender que en Canarias sería conveniente por muchas razones que se produjera la alternancia política en el gobierno de la Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos, de la misma forma que también lo sería en aquellos otros lugares de España en que es su fuerza política la que ocupa hace muchos años el poder. Si actuara de esta forma, empezaría a creer en su honestidad como político. Como no es así, creo que el día en que acontezca la necesaria alternancia en el poder en Canarias, las posibles expectativas de regeneración política que muchos y muchas han puesto en el PSOE se verán claramente frustradas, con lo que se habrá contribuido de esta forma a debilitar el sistema democrático por partida doble.

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