ESTUDIANTES Y PROFESORES. NOTA DE AGRADECIMIENTO.

Gracias al esfuerzo y decidida voluntad de mis padres, tuve la oportunidad hace ya algunos años de poder cursar la carrera de Derecho. Eran otros tiempos y eran, también, otras las circunstancias en las que los estudiantes desarrollábamos nuestra labor en el edificio central de la Universidad. Pero de ese tiempo pasado y de las circunstancias de entonces, el recuerdo fundamental que conservo es el de algunos de mis profesores: D. Felipe González Vicen, D. José Mª Hernández Rubio, D. José M. Pérez Prendes, D. Juan Miquel, D. Ángel Torío López, D. Antonio Martín Pérez, D. Gumersindo Trujillo Fernández, D. Antonio Pérez Voitereuz, D. Manuel García Padrón, D. Alberto Guanche Marrero, D. Manuel Morón Palomino, D. Bernardo Cabrera Ramírez. Es un recuerdo positivo, de aquellos que de manera recurrente surgen por vía de la nostalgia, sobre todo, cuando se repara en que algunos de esos excelentes profesores ya han desaparecido.

He tenido la suerte de poder dedicar parte de mi vida a la enseñanza e investigación en el seno de la Universidad. Es mi profesión y también mi vocación preferida. Además, tengo alma de actor y, a medida que cumplo años, también de cómplice con mis alumnos. Cada vez que me subo a la tarima, represento mi papel de profesor, y trato, sobre todo, de que mi público quede satisfecho, no tanto en compensación al dinero que han pagado, sino al hecho de haber conseguido que sientan interés por aprender y conocer de la materia que trato de enseñar. Nunca he podido llegar a comprender que en una licenciatura como la de Derecho puedan existir colegas que cuestionen como carga contar con grupos “masificados” de alumnos, pues ello impide, según los mismos, ofertar una enseñanza personalizada. A mis clases asisten una media de sesenta alumnos, y puedo asegurar que basta con poner sólo un poco de interés para llegar a conocer bastante aproximadamente las trayectorias, expectativas y ánimo de cada uno de ellos y, si me apuran, hasta para conocer y llamarles por su nombre, algo que además debería ser obligatorio para los profesores.

Acabo de realizar un examen oral correspondiente a la materia de la última parte de la asignatura, y estoy eufórico, pues me he encontrado con un nivel medio excelente. Siento en el fondo de mi ser una alegría inconmensurable al comprobar que la mayoría de mis estudiantes se han esforzado y han aprendido y que, por consiguiente, aprobarán la asignatura. ¿Se puede acaso pretender más? Por todo ello, seguiré asumiendo con orgullo el sambenito de ser un profesor con el que resulta “fácil” aprobar la materia, pues de esta forma creo honestamente que contribuyo a romper con el erróneo y perjudicial tópico que destruye el fin de la Universidad, de entender que el “buen” profesor es aquel que cosecha un alto nivel de suspensos.

Aunque en ocasiones exteriorizo mis sentimientos de amargura ante el peso de viejas estructuras y pautas de comportamiento existentes en el seno de la Universidad, vuelvo de nuevo, en un curso que termina, a reafirmar mi deseo de volver a actuar ante mi apreciado público en el curso próximo. Muchas gracias a todos.

CELSO BARRERA SÁNCHEZ

A mi amigo Celso, que ya no podrá venir conmigo a visitar la isla de El Hierro.

¿Cabe concebir el orden del desorden? Definitivamente sí. Y no se trata de una cuestión opinable, sino de una constatación. Basta, para comprobarlo, con visitar un barrio del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife que recibe el sugestivo nombre de Las Moraditas de Taco. Desconozco si ese nombre tiene su origen en lo que fue la morada inicial de muchos gomeros que se trasladaron a la isla de Tenerife como emigrantes interiores en busca de nuevas oportunidades para ellos y sus hijos, o bien, en lo morados que se tuvieron que ver en su isla natal, La Gomera, para optar por trasladarse a otra isla en la que se ofrecían oportunidades de trabajo y promoción social que eran imposibles de ver realizadas en su isla natal. En cualquier caso, la cuestión no tiene mayor importancia, pues lo relevante de verdad es que el caos urbanístico que puede apreciarse por los anónimos conductores que a diario circulan por la autopista que pasa junto al barrio, es en realidad un caos auténticamente aparente.

Vivimos en una sociedad en la que ciertas apariencias son valores consolidados. Aparentamos ser solidarios con los inmigrantes (y muchos gomeros lo fueron en los años duros), pero en realidad nos importaba un bledo por qué venían, cómo venían y cómo se establecían en el extrarradio de la ciudad. A lo sumo, su llegada sirvió a algunos para contar con una mano de obra dispuesta a dar todo su esfuerzo a cambio de condiciones no siempre justas o mínimamente equilibradas. A ello, además, se unió la conceptuación del inmigrante gomero como un sujeto culturalmente atrasado y base fecunda para institucionalizar un interminable rosario de chistes y anécdotas propios de gomeros, muestra patente de otra nueva y falsa apariencia propia de estúpidos, la que tiene que ver con la calificación de los seres humanos en función de su nivel educativo, familiar, social y, sobre todo, económico.

Pero la falsa apariencia, por muy permanente que sea, siempre presenta algún flanco de debilidad por la que normalmente quiebra. Puede ser éste el del esfuerzo personal capaz de superar cualquier apariencia, pero también, el de la inteligencia, que es esa poderosa facultad del ser humano capaz de permitirle sobresalir de la apariencia para asumir con todas las consecuencias su destino como tal, esto es, para no renegar nunca de su origen social, cultural, familiar o económico del que abiertamente se siente orgulloso, y para poner además de manifiesto que es capaz de lograr por sí mismo las metas y objetivos vitales que otros nunca alcanzarán por su propio esfuerzo. Por eso, la inteligencia o existe o no existe. No cabe aquí la apariencia, y si esta última llegara a estar presente, el inteligente siempre la detectará y de seguro que se encargará de bordearla, ignorarla o de llegar a hacer creer al tonto que de verdad el mismo es también inteligente.

Si a la inteligencia se une además la bondad y la predisposición permanente a ayudar al otro, el resultado no puede ser otro que el de la amistad, que sólo puede nacer y fortalecerse mediante la generosidad y la afirmación incondicional, rotunda y nunca aparente de: “¿Tienes algún problema?, pues no te amargues, que eso tiene solución”.

LA BURLA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Muchos de los que en el año 1985 participamos activamente en la elaboración de los primeros proyectos de Estatutos de Autonomía para las Universidades Públicas españolas, y desechamos mediante “votación democrática” las opiniones de otros más viejos y expertos que nosotros calificándolas como reaccionarias, nunca pudimos imaginar los derroteros que con el paso de los años iba a tomar asunto tan serio y trascendente para la vida universitaria de este país. Personalmente reconozco mi cuota de responsabilidad en este engendro, en algunas de sus peores versiones, que hoy llamamos “autonomía universitaria”. En la actualidad, he de reconocerlo también abiertamente, sólo me queda el lamento de lo que pudo haber sido y no fue, y la vía de escape de proyectar y aplicar en el ámbito individual como profesor lo que considero debe ser la enseñanza e investigación universitaria. Pero, por favor, a estas alturas que no me hablen de sindicatos, grupos claustrales, elección de cargos académicos, reivindicaciones salariales de esa extraña categoría de profesores contratados doctores de régimen laboral, y no digamos ya de oposiciones, habilitaciones o acreditaciones que me tienen hasta los “…ones”.

¿Que existen aspectos y manifestaciones específicas de índole positiva de la autonomía universitaria? Por supuesto que sí. ¿Que hay Universidades públicas que han aprovechado su autonomía para elevar los niveles de calidad del servicio público que prestan en el ámbito de la docencia y la investigación? Por supuesto que sí. Faltaría más. Al fin y al cabo la autonomía universitaria no es más –ni menos- que un instrumento en manos de las Universidades para avanzar o para retroceder o, simplemente, para estancarse en la mezquina placidez y vivir del esfuerzo económico que presta la sociedad mediante el pago de sus impuestos. Si siempre ha habido pobres y ricos, por qué no iba suceder lo mismo con respecto a la existencia de tontos e inteligentes, generosos y mezquinos, responsables e irresponsables, valientes y cobardes, reformistas y revolucionarios…

Baste aquí con señalar dos pequeñas muestras de la deformación de la autonomía universitaria.

Los sindicatos, tanto del profesorado como del denominado personal de administración y servicios, que conciben fundamentalmente la Universidad (a pesar de la alharaca tradicional con la que revisten sus discursos: potenciación de la enseñanza pública, acceso de las capas populares a la Universidad…) como un centro de trabajo en el que hay que obtener del “empresario” las máximas utilidades posibles, desde salarios “dignos” hasta el pago de la guardería de los niños, matrícula gratuita en los estudios universitarios o ayudas para implantes dentales.

Algunos profesores, que conciben la autonomía a la hora de proyectar los nuevos planes de estudios y los títulos que ha de ofertar la Universidad en los inicios del siglo XXI, como un mercado (a pesar de que les horrorice el empleo del término y no digamos ya la propia realidad) en el que el objetivo no es otro que el de acaparar el mayor número de créditos horarios para sus respectivas áreas de conocimiento a fin de así garantizar no la calidad, sino la mera reproducción de su deleznable especie en el futuro.

Parafraseando a un conocido antimarxista, ¿autonomía para qué? Pues para eso, para burlarse de ella.

CONTROLEMOS LA XENOFOBIA

La xenofobia tiene que ver con el color de la piel, y con el tamaño (del cuerpo), y con el idioma, y con los usos y costumbres, y con el origen familiar, y con las creencias religiosas, y con el estatus económico, y con lo que sea que se exprese como diferente en el marco de relaciones establecidas como mayoritarias o dominantes, pero sobre todo, tiene que ver la mayoría de las veces con la existencia de las fronteras nacionales y, sobre todo, mentales de los seres humanos. Cualquiera de esos motivos, que por sí solos pueden estar presentes con mayor o menor intensidad en la cabeza y en los sentimientos de cualquier ser humano, reunidos pueden dar lugar en un momento determinado a la actuación conjunta o colectiva de un grupo humano cuya actuación podrá ser calificada como xenófoba. Cuando esto último sucede, la respuesta xenófoba suele desembocar siempre como último resultado en una situación dramática, bien porque es abiertamente agresiva o violenta contra el extranjero o el calificado como extraño a la comunidad propia, bien porque es consentidora, por omisión, de esa respuesta agresiva. En ambos casos, el problema está servido.

En Canarias, tierra de gente tradicionalmente hospitalaria y de antiguos emigrantes, el sentimiento xenófobo ha existido y existe en la actualidad en la cabeza y actuación de muchos canarios. Baste con pensar en la existencia de la comunidad hindú. Llevan muchos años en esta tierra, y conviven con nosotros como si realmente no existieran. Forman un mundo aparte. Se les reprocha en ocasiones que no se hayan integrado en nuestra comunidad, pero en realidad esto no es más que un pretexto que esconde la mayoría de las veces nuestro rechazo a sus pautas diferenciadas de conducta, y que se expresa en medidas tan pueblerinas, mezquinas, inhumanas y retrógradas como la de impedir que los miembros de esa comunidad puedan formar parte de determinados clubs sociales o deportivos locales (entre las numerosas anécdotas que se cuentan del que fuera Catedrático de Derecho Político de la ULL, D. José María Hernández Rubio, hay una que refleja muy bien la mala calaña, ya sea por activa o por pasiva, de los miembros de una Sociedad muy chic de Santa Cruz de Tenerife. Al parecer, una noche D. José María se presentó a las puertas de la sede social de la entidad acompañado de dos prostitutas. El conserje, educadamente, le advirtió que no podía entrar con aquellas dos mujeres de “dudosa reputación”. La respuesta de D. José María, que siempre fue un ser libre, resultó contundente: Mire usted, estas señoritas tienen probada reputación de putas, mientras que las que están en el interior sí que son de “dudosa reputación”).

Pero si de la comunidad hindú pasáramos a la incipiente comunidad negra, a los chinos, a la conformada por los moros, o a la de nuestros supuestos hermanos hispanoamericanos, la situación sería aún peor, pues nuestros reflejos “defensivos” frente a los mismos están más extendidos y permanentemente actualizados, aparte de jaleados por algunos politiquillos de tres al cuarto que saben de la eficacia de explotar en su propio interés el germen de xenofobia que anida en la mente de todos los miembros de la propia tribu.

Luchar en contra de la xenofobia como arma que algunos emplean en el terreno político, es un deber para cualquier demócrata. Luchar contra nuestros propios sentimientos xenófobos, es una garantía a favor de nuestra propia libertad como seres humanos.

INFRACCIÓN DE LA NORMA, DERECHO A COPIA Y REACCIÓN HUMANA

Consideremos la siguiente hipótesis: El ciudadano X recoge a su madre, una persona de más de ochenta años con dificultades para caminar, y la traslada en su coche a una entidad financiera para que pueda retirar de su cuenta personal determinada cantidad en efectivo.

Al llegar a la Oficina bancaria, se encuentra con que ni allí ni en los alrededores hay sitio para aparcar el vehículo de manera reglamentaria. Sin embargo, justo enfrente de la Oficina hay una zona “libre” en la que expresamente se indica mediante la oportuna señalización que está prohibido aparcar. En atención a las circunstancias que concurren (la madre tiene dificultades para caminar; temor a dejarla allí sola, tanto para acceder, como para salir con el dinero, etc.), X decide aparcar en la zona prohibida, acompañando a su madre hasta el interior de la Oficina.

Mientras realiza junto a su madre las oportunas gestiones, escucha un bocinazo proveniente de un camión cuyo conductor avisa así de la imposibilidad de poder pasar porque se lo impide el coche que está mal aparcado. X sale a toda prisa, pide disculpas al conductor del camión y coloca el coche más adelante facilitando el paso del camión y de los demás vehículos que estaban en cola. Regresa a la entidad bancaria en busca de su madre y cuando sale con ésta se encuentra con un agente de la Policía Municipal que en ese momento está rellenando un boletín de denuncia contra él.

Cuando X se dirige al Policía para explicarle por qué había aparcado en un lugar prohibido, éste simplemente le pregunta si efectivamente había sido él quien había ocasionado la interrupción del tráfico. X le contesta que sí, pero le pide que comprenda las circunstancias… El policía se limita a contestarle, mientras continúa rellenando el boletín de denuncia, que por favor se retire y quite el vehículo de allí.

Entonces, X le pide al policía que le diga, por favor, cuánto es el importe de la sanción por haber aparcado indebidamente. El policía le contesta que no lo sabe y le reitera que quite el vehículo, mientras continúa rellenando el boletín de denuncia. X le contesta que sí, que quitará el vehículo, pero que antes quiere copia de la denuncia. En ese momento el policía, con una actitud un tanto destemplada, le dice a X que muy bien, pero apostillando que la infracción cometida es muy grave. Le entrega copia de la denuncia a X y este y su madre se van en su coche.

Cuando X piensa fríamente en lo sucedido, llega a la siguiente conclusión: posiblemente el policía no tenía intención de cursar la denuncia, pero ante los ciudadanos-espectadores que estaban presenciando el espectáculo, el policía debía poner de manifiesto que se había cometido una infracción del Código de la Circulación, y que la misma tenía que ser sancionada como ejemplo para otros potenciales infractores.

A estas alturas, X tiene aún la esperanza de que finalmente el Policía haya considerado como eximentes las circunstancias que concurrían en la hipótesis expuesta. De no ser así, no le quedará más remedio que pagar la sanción y aprender para una próxima ocasión que a veces es mejor no ejercitar el derecho (solicitud de la copia de la denuncia) y optar simplemente por esperar a que ésta llegue algún día por correo...si es que llega.

EL CASO TAGUAS: ¿PERO DE QUÉ MORALIDAD PÚBLICA HABLAMOS?

En el artículo de opinión publicado ayer ya anunciaba que personalmente simpatizaba con la decisión del Sr. Taguas de aceptar la oferta de ocupar la presidencia de la principal Asociación española de empresas de la construcción. Explicaré por qué.

En principio, parece ser que resulta moralmente reprochable que un señor que ha sido Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno (asesor directo del Sr. Rodríguez Zapatero), deje esta responsabilidad política y pase a presidir una asociación empresarial, nada más y nada menos, que de empresarios de la construcción (o del “ladrillo”, para ponerlo todavía peor).

Primera cuestión: en ocasiones, lo que parece pueda ser calificado como moralmente reprobable, es, sin embargo, jurídicamente intachable. En este caso, ha resultado ser así. El Sr. Taguas, antes de tomar su decisión, pidió a la Administración un informe relativo a la existencia de una posible incompatibilidad para ocupar su nuevo cargo. Tal informe fue negativo, esto es, inexistencia de incompatibilidad. Sin duda, es evidente que no todo lo legal, por principio, es moralmente aceptable (que se lo digan estos días a los gitanos y rumanos en la Italia de Berlusconi, que de inmigrantes “sin papeles” han pasado directamente a ser considerados delincuentes. Y el Papa, hasta el momento, sin decir ni pío).

Segunda cuestión: no obstante lo anterior, los integrantes de un partido de izquierda, Iniciativa per Catalunya (IC), convencidos de la inmoralidad intrínseca de la decisión adoptada por el Sr. Taguas y, a pesar de la misma ser acorde a Derecho, presentan una moción en el Congreso de los Diputados dirigida a condenar al Gobierno y al Sr. Taguas. A esta iniciativa se suma –en mi opinión no por razones morales ni legales, sino exclusivamente políticas para así dañar la imagen del Gobierno- el Partido Popular (PP). La moción es derrotada gracias al apoyo que el Gobierno obtiene del grupo parlamentario de Convergencia y Unió (CIU). Significativamente, ese apoyo explícito no es defendido por el portavoz de CIU (Josep Antonio Duran), sino que este, mediante una pirueta parlamentaria artera, prefiere mandar a la tribuna de oradores a otro parlamentario menos relevante, poniendo así de manifiesto que el apoyo prestado al Gobierno es de los que se presta “tapándose la nariz” por el “hedor” que el mismo desprende. Se supone, no obstante, que habrá sido a cambio de algo o de que en el futuro se requerirá la correspondiente contrapartida. Esto último, sin embargo, no parece que sea moralmente reprobable, sino que “es la política, mi helmano…”, como bien diría el "hombre nuevo" de la Cuba de los hermanos Castro.

Tercera cuestión: en el fondo de toda esta pequeña y repetida historia late un sentimiento fuertemente arraigado en nuestra sociedad, producto de la influencia de ciertas ideas de izquierda y también, curiosamente, de la doctrina moral de la Iglesia Católica. El capitalismo es moralmente perverso. El dinero corrompe. El poder político y su conexión con el capital corrompe. El afán desmedido de riqueza (avaricia) es una de las causas de la actual crisis financiera (lo ha dicho estos días el Presidente del Banco Popular. Aprovecharé para solicitarle me rebaje los intereses de mi hipoteca). Que todo esto pueda estar presente, resulta innegable. Que se de en cualquier caso como inherente al sistema, es una simple estupidez. Para controlarlo está el Derecho y los jueces, para condenarlo moralmente, una amplia gama de inquisidores, generalmente, de dudosa moralidad.

Cuarta y última cuestión: Me niego a condenar como inmoral que el Sr. Taguas haya decidido pasar a ocupar un puesto relevante en el sector privado. Presumo que este hecho por sí mismo no significa absolutamente nada. Afirmo, además, que en nuestro sistema democrático-capitalista, es bueno para la salud del sistema y para la convivencia, que los profesionales del sector privado ocupen responsabilidades en la Administración Pública y viceversa. En un caso, doy por supuesto que la decisión es un auténtico sacrificio a favor de la sociedad y una apuesta por la defensa del interés público, en el segundo, que es normalmente la expresión de un hartazgo de muchas cosas y el legítimo deseo de lograr una mejor retribución al esfuerzo y a la capacidad personal a favor de la defensa de otro interés igualmente legítimo, el privado.

Y termino. Presumiré siempre que el trasvase de personas entre el sector público y el sector privado no condiciona por sí mismo la honorabilidad, honestidad y rectitud de la actuación de tales personas en uno u otro sector. Y el que afirme lo contrario, que lo pruebe (delito de tráfico de influencias) y no que se limite a reprobarlo y a dar por supuesta la deshonestidad del sujeto (¿cuándo se van a tomar en serio los jueces el daño que ocasiona a las personas decentes la existencia de tanta condena supuestamente moral y tanta denuncia falsa?). En esta sociedad de vieja tradición autoritaria, cualquier mentecato se cree con el derecho a ignorar uno de los más elevados principios morales y jurídicos que ha alcanzado la humanidad: la presunción de inocencia. Ya está bien de tanta moralina barata, tanta presunción de culpabilidad generalizada y tanta mala leche.

P.D. Si el Gobierno creyera de verdad que la actuación de cualquier persona, ocupe el puesto que ocupe, ha de presumirse siempre como moralmente irreprochable y jurídicamente acorde a Derecho (y cuando se demostrara que así no fuere actuase en consecuencia), debió defenderlo así ante las Cortes, aunque perdiera la votación, y no debió nunca haber realizado un pacto inmoral para defender algo que en realidad no se cree. Esto sí que es moralmente reprobable.

AL DISIDENTE EL ESTIGMA: DESLEAL, DESOBEDIENTE, TRAIDOR E INDISCIPLINADO

He de reconocer que por mis venas siempre ha corrido la sangre infectada por el virus de la “desobediencia” manifiesta. Por eso es difícil que cuenten conmigo para determinadas cosas, pues comprendo que para “Ellos” no soy de fiar. Pero no lo puedo evitar, es como una especie de marca de nacimiento. Te toca y a pechar con ella con sus grandes ventajas e inconvenientes. Lo mejor, en todo caso, es que “Ellos” te encasillen entre los “raros” y ya no te hagan caso: “son las cosas típicas de fulanito”, dirán, un tipo bastante singular y que se cree, el muy chulo, que así se puede transitar por la vida, pues va aviado… Lo peor, sin embargo, que te acosen de manera desenfrenada y traten de hundirte mediante la interposición de todos los obstáculos habidos y por haber. En este segundo caso, sí, se puede sufrir, pero será preferible esto a estar muerto en vida, o lo que es igual, será preferible siempre ser humano que ser un borrego, con todos mis respetos para los auténticos borregos.

Viene a cuento lo anterior por el espectáculo político-mediático que se ha organizado con el “minitrasvase” del ex director de la Oficina Económica de la Moncloa, el Sr. Taguas, a la presidencia de la principal Asociación de empresarios de la construcción de España. El cambio producido tiene, se dice, amparo legal pero no moral. Se ha presentado el hecho como un auténtico y desmelenado “escándalo rafaeliano”. Es, en verdad, una reacción asombrosa por el alto grado de hipocresía que el asunto presenta. Ha merecido, incluso, una votación en el Congreso de los Diputados. Vamos, la repera. Quede aquí constancia, por ahora y, sin perjuicio de volver en otro momento sobre el tema, de mi simpatía a favor del Sr. Taguas, que en principio tiene todo el derecho a hacer con su vida privada lo que quiera, máxime, si sus comportamientos están además amparados, como es el caso, por el ordenamiento jurídico (sólo adelanto aquí una cuestión: ¿cómo es posible que la defensa de la “moralidad pública” la haya asumido una empresa de comunicación como PRISA que tanto debe a su decisiva influencia sobre los hombres y mujeres que han ocupado y ocupan puestos de responsabilidad política al más alto nivel?).

Lo que ahora me interesa destacar es el papel asumido por dos diputados del PSOE que se atrevieron a hacer pública su disconformidad con la pretensión de sus “jefes” de obligarles, por disciplina de partido, a votar en contra de una moción presentada por Iniciativa per Catalunya que condenaba el referido cambio y el nuevo destino del Sr. Taguas. Cuando conocí la noticia, unos días antes de la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados, me hizo sentir feliz. Por fin dos disidentes capaces de poner en cuestión la vergonzosa, inmoral y antidemocrática disciplina de partido. Estos dos diputados (que no nombro porque mejor es no recordarlos nunca jamás), hicieron un amago de disidencia, pero cuando llegó la hora de la verdad, en el momento de la votación, miren por dónde, uno pulsó el botón del SI a favor de la moción de IC, y el otro el botón de la Abstención. ¡Qué valentía¡, pensé. Mi gozo en un pozo. A estos dos cobardes les entró el tembleque pos heroico y todavía al día de hoy no dejan de repetir a quien quiera escucharles que lo que ocurrió en realidad fue que se equivocaron de botón, pues ellos querían apoyar al Gobierno.

Creo que sus “jefes” ya han anunciado que se les va a abrir expediente a ambos por poner en cuestión –aunque ahora lo nieguen- el principio totalitario de la disciplina de partido. Es lógico, pero en realidad yo creo que se merecerían la apertura de expediente no por desleales, desobedientes, traidores o indisciplinados, sino por cobardes y miserables.

Como siempre es posible el cambio, tal vez estos sujetos recuperen la dignidad perdida y decidan acudir al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos democráticos a la libre expresión de la disidencia. Lo malo, sin embargo, es que ese virus del totalitarismo disciplinario partidista, tan arraigado por demás en versiones distintas en casi todas las esferas sociales, se haya introducido también en el seno del máximo intérprete de la Constitución.

LENGUAJE: CAMBIOS SUTILES PERO SIGNIFICATIVOS

Por mucho que trate de explicarles a mis alumnos que no me parece correcto que en sus exámenes me hablen de los Rendimientos del Kapital, o simplemente de los rendimientos del K, es casi imposible lograr que cambien de actitud. ¿Qué poder hacer frente al nuevo lenguaje impuesto a partir del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación? Un tema difícil a resolver mediante el establecimiento de reglas expresas por parte del profesor en el ámbito individual. Podrán cumplirlas en la redacción del examen, pero dejarán de hacerlo nada más terminarlo, cuando se comuniquen con otros interlocutores para contarles cómo les ha salido el examen mediante un SMS, digo, de un mensaje escrito vía teléfono móvil.

Una tarea más para aquellos que estudian el lenguaje como manifestación cultural y, sobre todo, una preocupación y casi que una tragedia para aquellos otros que comprueban a diario cómo son cada día más los términos del inglés que pasan a formar parte “de lo nuestro”.

Siendo relevante lo anterior, lo que ahora me importa destacar es el empelo de ciertas expresiones por parte de algunos políticos patrios y también por parte del lenguaje legal plasmado en normas escritas, que vienen a poner de manifiesto no el cambio de la realidad –aún no consumado-, sino la tendencia a ese cambio o, en el peor de los casos, a un deseo aún no abiertamente confesado que se esconde en la mente del que las utiliza o plasma en los textos normativos.

Dos ejemplos:

La expresión hoy usual en boca de muchos políticos de referirse al Gobierno de la Nación como “Gobierno de España” (algunos partidos nacionalistas prefieren hablar de “Gobierno español” en términos no precisamente integradores, sino para referirse a una entidad extraña y casi que hasta opresora) viene a poner de manifiesto que comienza a quebrarse la identificación de España con la Nación española. De la España-nación estamos pasando a la España-plurinacional. De aquí que se empleen los términos “Gobierno Vasco”, “Gobierno Catalán” o “Gobierno Canario” con una significación que se acerca a aquella otra que está presente en las relaciones internacionales entre los Gobiernos de naciones soberanas (“Gobierno español”, “Gobierno francés”, “Gobierno italiano”).

Por otra parte, basta con analizar algunos textos normativos de los últimos años para comprobar cómo al establecer el ámbito espacial de aplicación de las normas, se renuncia a establecer que las mismas serán de aplicación en todo el territorio nacional. Es lo que sucede con la vigente Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre). Hasta su reforma, la vieja LGT en su artículo 21 señalaba que “las normas tributarias obligarán en territorio nacional”. La actual LGT renuncia a emplear una expresión (“territorio nacional”) que seguramente a sus redactores les parecía demasiado “casposa” o con reminiscencias franquistas, o tal vez, lo que en realidad ocurrió es que en la comisión redactora se infiltró algún antiguo franquista o algún rojete transformados ahora en adalid de las esencias de la nueva España plurinacional: grande, libre, pero en ningún caso una. Que venga Dios y lo vea… Me quedo, definitivamente, con la K de mis alumnos, pues sin duda es una expresión del lenguaje más interesante y muchísimo más moderna.

JUECES: CUESTIÓN DE DERECHO

Son aproximadamente unos 5.000 los jueces en activo que tienen encomendada la relevante función de administrar justicia en nuestro país. Desconozco qué proporción de éstos son jueces de carrera, esto es, licenciados en Derecho que, después de haber superado unas durísimas oposiciones, asumen la responsabilidad de dedicarse a resolver los conflictos que se plantean en nuestra sociedad. Con toda seguridad, serán la mayoría, pues si así no fuera aún sería hoy peor la mala imagen que los ciudadanos ya tenemos en general del funcionamiento de la Administración de Justicia.

A mí con los jueces me pasa algo similar a lo que me ocurre con las militares, las notarias, las abogadas del Estado, las funcionarias, las policías, las abogadas, las procuradoras, las profesoras-maestras, las barrenderas, las médicas, las practicantes (expresión mucho más bella que la de ATS), las matronas, las dependientas, las empresarias…las catedráticas de universidad (el empleo del “las” obedece a una simple razón sociológica: en algunas de las profesiones citadas las mujeres ya superan a los hombres). Son todas profesiones que admiro de manera reverencial. Y lo hago por dos motivos: de un lado, porque en todos los casos siempre presumo que las personas que las realizan les gusta y atrae su profesión; de otro, porque esa presunción me permite salir a la calle y convivir cada día con menos sobresaltos y angustias. Están todos y todas ahí para resolverme y que yo les resuelva mis-sus variopintas necesidades, problemas y demás vicisitudes de una vida civilizada. Son ya parte de la realidad cotidiana y quiera Dios que nunca desaparezcan, sino que sólo, en todo caso, se transformen para mejorar. Y todo esto que digo no es más que producto de una circunstancia fundamental: haber vivido más de cincuenta años y haberlo hecho bajo un régimen no democrático y otro democrático. Cuestión de Derecho.

Pero no sólo, ciertamente, es cuestión de Derecho. En el régimen franquista no había Estado de Derecho en sentido propio, mientras que sí lo hay en el actual régimen político que libremente nos hemos dado los españoles. Un gran paso, sin duda, a favor del verdadero y legítimo Derecho. En el franquismo había jueces que eran auténticos profesionales, esto es, que aplicaban un Derecho positivo con el que podían o no estar de acuerdo en cuanto a su falta de legitimación de origen, pero que para ellos era el único instrumento que les permitía-obligaba en cada caso impartir justicia. Eran, por esa única razón, gente honrada. Además, habrá que reconocer que fueron muchos los jueces que bajo el franquismo contribuyeron con sus criterios de interpretación del Derecho a mejorar el desamparo y desprotección existentes para muchos ciudadanos como consecuencia de la ausencia de auténticos derechos políticos. También había policías, militares, funcionarios, sindicalistas del sindicato vertical, etc. que obraban con idéntica divisa. La grandeza de la transición política a la democracia en España no fue, tal y como hoy se empeñan en afirmar algunos a fin de minusvalorarla, obviar u olvidar las atrocidades del franquismo y de su Derecho, sino que fue reconocer la existencia, necesaria continuidad y aportación de todos aquellos que honradamente ejercían sus profesiones durante el franquismo y anhelaban cambiar para mejorar individual y colectivamente.

Por eso, me entristece hoy leer muchos comentarios en internet al hilo de la noticia del fallecimiento de un magistrado del Tribunal Constitucional, en los que se destaca su origen y trayectoria franquista, su oposición al matrimonio homosexual, al Estatuto de Cataluña o cualquier otra sandez. Es un mal presagio. Y lo que es más grave, es la justificación o el pretexto que utilizan algunos para desvalorizar las tesis del contrario a falta de auténticos argumentos en los que fundamentar sus propias tesis. Y esto último ya no es cuestión de Derecho, sino pura y dura demagogia que no conduce en caso alguno al necesario fortalecimiento del Estado de Derecho y del sistema democrático.

CARTA A Dª MARÍA EMILIA CASAS, PRESIDENTA DEL T.C. (O DE CÓMO EVITAR EL REGRESO AL PASADO MÁS REACCIONARIO)

Montilla no negociará la financiación de Cataluña con otras comunidades
Los socialistas catalanes agradecen el apoyo en este tema de Pujol, Duran y Piqué
EFE - Barcelona - 19/05/2008

Sra. Presidenta:

Debe usted reflexionar sobre la relevante función que cumple como Presidenta del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución española. Sé que su posición es difícil y que está sometida, seguramente, a fuertes presiones provenientes de muchas instancias. Pero esto último, además de ser normal en una sociedad democrática, no debe llevarle en caso alguno a renunciar a su deber como jurista: ser fiel intérprete de los principios que informan la norma básica o fundamental por la que hemos decidido regirnos la mayoría de los españoles.

Sé que el título de esta carta le puede resultar desagradable, toda vez que el mismo ya refleja una toma de posición explícita sobre el tema que le voy a plantear, pero tiene que comprender que mi posición es muy distinta a la que usted representa. Yo puedo y debo, como ciudadano, expresar abiertamente mi opinión sobre las actuaciones que realiza el Gobierno de la Nación o las decisiones que adoptan las Cortes Generales, mientras que usted no. No significa esto que le niegue su derecho a tener también sus propias opiniones. Lo que significa, en realidad, es que usted debe, en todo caso, dejar al margen sus legítimas preferencias políticas y actuar exclusivamente como jurista. Por su dilatada experiencia como Presidenta, no voy a ser yo quien le diga lo difícil que es a veces trazar la línea diferenciadora entre Derecho y Política. Pero estará de acuerdo conmigo en que es esa diferenciación la que garantiza no sólo la independencia del Juez, sino también, la propia función legitimadora del Derecho como uno de los fundamentos nucleares de una sociedad democrática.

Está a punto de consumarse la aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que se refiere al tema específico de la financiación autonómica. Soy consciente de que el Estatuto es una norma que está en vigor y que el Gobierno de la Nación (y no digamos ya el Gobierno catalán), a diferencia de lo que sucede con otras normas, tiene especial empeño en que se aplique lo antes posible el precepto relativo a la negociación bilateral entre el Estado y la Generalidad en materia de financiación (como habrá podido comprobar estos últimos días, los “jóvenes cachorros” herederos de Felipe González ignoran los prudentes consejos que el mismo se ha atrevido a darles en sentido contrario. Ya sabe, la normal rebelión, a veces con tintes de soberbia, de los hijos respecto a sus padres).

Estoy convencido de que la intención manifiesta del Sr. Rodríguez Zapatero no es, como parece obvio, el legítimo afán del cumplimiento inmediato de la ley, sino que es más bien lograr el establecimiento de un precedente aplicativo que se conformaría como otro obstáculo más (ya lo ha sido el tiempo transcurrido desde que se interpuso el recurso) para que en su día el Tribunal Constitucional pudiera dictar una sentencia que declarase como contraria a la Constitución la referida negociación bilateral. Sí, ya sé que este hecho no haría temblar su pulso ni el de los demás magistrados si efectivamente la mayoría de ellos estuvieran convencidos de la inconstitucionalidad del referido precepto, pero parece razonable pensar que si esto ocurriera la falsa acusación de “anticatalanismo” se atribuiría de manera exclusiva al máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, de ser así ¿no le parece que sería para usted como Presidenta un auténtico honor dejar el Tribunal pasando a la Historia como aquella que impidió, por ser manifiestamente inconstitucional (y políticamente reaccionario), el rompimiento del principio de igualdad de todos los españoles en cuanto a la distribución de los recursos públicos?

No se trata de ponerse trágico aunque haya motivos para ello (serio cuestionamiento del principio constitucional de unidad de la Nación española, consagración de la existencia de territorios y ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, etc.), sino de decirle que al margen de otros muchos aspectos del Estatuto que en mi modesta opinión son también inconstitucionales, el relativo al cuestionamiento del modelo de financiación común es tal vez el más grave de todos ellos. Porque aquí no se está discutiendo que Cataluña pueda precisar de más recursos que otras CCAA en función de criterios objetivos previamente establecidos para todos, sino que lo que se discute, más exactamente, es que Cataluña pueda fijar bilateralmente con el Estado los recursos que necesita sin tener en absoluto en cuenta las necesidades o la existencia misma del resto de las CCAA. Es como lo que ocurre en las mejores familias: los recursos se distribuyen entre todos sus miembros de acuerdo a reglas comunes y en atención a las necesidades de cada uno, y no atendiendo primero a las necesidades del más listo, más guapo, menos seny o más chantajista, y luego a las necesidades de los demás.

Y por favor no piense ahora en el caso del País Vasco y Navarra, pues si quiere que le diga de verdad lo que yo pienso, es que va siendo hora de propugnar la modificación de la Constitución para acabar definitivamente con un privilegio de dudosa justificación en una sociedad moderna regida por los principios de igualdad, generalidad y equitativa distribución de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos (por cierto, los motivos aducidos en la Transición para esta excepción constitucional no han calmado ni colmado las aspiraciones de los nacionalistas, sino que las han acrecentado).

Finalmente, Sra. Presidenta, deseo trasladarle mi profunda desazón al ver cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones generales celebradas en nuestro país. No, no se trata de que haya ganado el PSOE las elecciones, de lo que como demócrata me alegro, sino de que este partido las haya ganado creyéndose muchos de sus electores que el mismo todavía defiende un modelo político regido por la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.

Soy consciente de que esta carta nunca le llegará. Pero en fin, cuando ya no sea Presidenta y venga en alguna ocasión de visita como catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de La Laguna, espero poder entregársela en mano, pero sobre todo, espero haber confirmado que su actuación haya sido consecuente con aquella máxima de la jurisprudencia romana de que el Derecho es, ante todo, equidad: ars boni et aequi.

P.D. Una vez finalizado este artículo he conocido hace unas horas la noticia del fallecimiento del magistrado del T.C. Don Roberto García-Calvo. Siento de verdad su fallecimiento por muchas razones. Descanse en paz.

LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Seamos serios. A mí me encanta sobremanera el Impuesto sobre el Patrimonio porque no tengo que pagarlo, así que comprendo muy bien la alegría de aquellos contribuyentes que escucharon las palabras del Sr. Rodríguez Zapatero cuando anunció su supresión (ver video www.myspace.com/guillermonunez). Basta con fijarse en la expresión del Sr. Alierta, presidente de Telefónica, que sentado junto al Sr. Rodríguez Zapatero se sentiría seguramente en aquel instante como digno y feliz representante de la sufrida clase media a la que se supone va a beneficiar la desaparición del impuesto.

Es una exigencia mínima de solidaridad manifestar alegría por las bienaventuranzas que otros puedan recibir, sobre todo, cuando de impuestos se trata. Además, ante la general inexpresividad que suele manifestar el rostro del Presidente del Gobierno, en las imágenes puede advertirse la profunda manifestación de gozo que le supone poder anunciar que va a eliminar un impuesto directo. Debe ser una satisfacción equiparable a aquella otra que siente un médico cuando anuncia al paciente, después de sesudos y detenidos análisis, que la causa de su enfermedad ha sido por fin eliminada. Por otra parte, si esta misma satisfacción ya se la había procurado a sí mismo el presidente Aznar eliminando el Impuesto de Actividades Económicos (IAE), ¿por qué no iba a gozar él de idéntico placer? Sin duda, debe tratarse de una de las manifestaciones sublimes del poder: Yo, Rodríguez Zapatero, elimino por siempre jamás el Impuesto sobre el Patrimonio en beneficio de la clase media.

Pero si las palabras y los gestos del Presidente nos llaman la atención por despertar nuestros sentimientos de alegría y solidaridad con otros contribuyentes, cuando llega la calma y reflexionamos sobre el tema, lo primero que nos llama la atención es la ausencia de reacción (ni alegría ni tristeza) de los Presidentes de las Comunidades Autónomas (el impuesto sobre el Patrimonio está cedido a las CCAA). Si de pronto les han privado de 1.800 millones de euros ¿por qué no protestan? Parece que aquí hay algo raro. Por un lado el Estado reprocha a las CCAA su débil contribución a la llamada corresponsabilidad fiscal, en tanto que por otro lado la fomenta adoptando medidas como la señalada, aparte, claro está, del “cheque bebé” y de la devolución de 400 euros a todos (¿?) los contribuyentes.

Pero en realidad no hay problema, pues todo se reduce a una operación de trueque. Tú me das el impuesto que te pertenece para yo anunciar su eliminación y así reforzar mi simpatía por parte de los electores, y yo te doy los 1.800 millones de euros por otra vía. Y todos contentos. ¿Qué cuál es esa otro vía? Pues debe tratarse de la denominada “tercera vía”, que nadie sabe muy bien a ciencia cierta cuál es (al menos en su versión made in Spain), pero que seguramente guarda relación con la afirmación del Presidente de que los tiempos han cambiado y que hoy es de izquierdas bajar o eliminar impuestos, aunque siempre sea a favor de los mismos, que no son, ni mucho menos, los integrantes de las clases medias.

Y permítanme que termine con una preocupación corporativa: de seguir por esta senda, va a terminar por desaparecer el objeto de estudio del Derecho Tributario o, al menos, aquella parte del mismo que se dedica al estudio de la imposición directa. Aunque pensándolo bien, no estaría del todo mal. El problema, sin embargo, será determinar cuál es la vía para financiar todas aquellas necesidades que hoy ha asumido el Estado para que, entre otras cosas, sea posible la existencia de las clases medias.

ATENTADO TERRORISTA: J.M. PIÑUEL

Hoy tenía previsto opinar sobre la supresión de Impuesto sobre el Patrimonio, pero es mucho más importante referirme a la supresión consciente y calculada de la vida de un servidor público, J.M. Piñuel, guardia civil asesinado por la banda terrorista ETA. Pienso en su familia, en sus amigos, en los que podían ser sus proyectos vitales... Para algunos, una víctima más del llamado "conflicto vasco". ¿Cuántas más serán necesarias e inevitables para que por fin el Gobierno de la Nación, según ETA, se convenza de la necesidad de entablar una negociación con el movimiento de liberación nacional de Euskalerría? La gente que nos dedicamos al Derecho y creemos que este es el mejor instrumento hasta ahora inventado por el hombre para resolver conflictos, sentimos auténtica vergüenza y desesperación ante tanta iniquidad. Sin embargo, aún siendo tan grande el dolor por la pérdida de una vida arrebatada de forma tan vil y cobarde, seguimos y seguiremos defendiendo que la ley, como expresión de la soberanía popular, no puede amparar como interlocutor al que pretende negociar en representación de la muerte y la barbarie. A estos sólo les cabe la aplicación de la ley para que paguen con la cárcel la comisión de sus fechorías. A los demás, a los que con su silencio cómplice no condenan esta atrocidad, nuestro desprecio por su cobardía e indecencia moral.

CON LA MEJOR INTENCIÓN PROVOCADORA PARA MIS AMIGOS PROGRES: EL MALO DE AZNAR

¿Qué quieren que les diga en esta antiamericana España? Pues eso, lo que todos esperamos, que Aznar es un ser despreciable no ya por haber apoyado en su día la invasión de Irak, sino por su manifiesta y reiterada vocación de sumisión al emperador Bush y a su guerra terrorista. ¿Están contentos? Bueno, pues en parte sí, pero no estaría de más hacer todo lo posible para sentar a Aznar ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra. ¿Cabe acaso mayor y más contundente prueba que su foto en las Azores con el Emperador y otros dos lacayos? En fin, esto último ya es un poco más complicado, pero no hay que descartarlo definitivamente.

Nada nuevo bajo el sol. Todo es parte de la política, o mejor, de una forma de ver y hacer política a la que nos tienen acostumbrados tantos políticos y periodistas conformadores de opinión de uno u otro signo. La consigna, como casi todas las consignas, es simple y llana, al estilo de los refranes, que bien poco dicen de la existencia del pensamiento reflexivo y de la capacidad de comprender la siempre compleja realidad. Aznar, además de un asesino, traficante de armas, cínico, servil y redomado mentiroso, cometió la imperdonable osadía de “trabar amistad” con G. Bush, y esto ya es el colmo de los colmos, pues si aún hubiera sido un Presidente del partido demócrata… pero vamos, es que se hizo amigo de un genuino representante de la extrema derecha del partido republicano y hasta llegó a adoptar sus poses y maneras, típicamente americanas y extrañas, por tanto, a nuestra formal –y muchas veces hipócrita- idiosincrasia.

Pero a pesar de tanto estereotipo y de tanta memez alimentadora de conciencias masificadas capaces, sin embargo, de influir de manera decisiva en el voto popular, es reconfortante comprobar cómo el personaje no se doblega y continúa manteniendo que su decisión de apoyar la invasión de Irak fue correcta y que la tomó pensando en los intereses de España y también de Irak. Sí, es verdad que se trató de una decisión que se justificó sobre una “mentira”, pero aparte de negarle el beneficio de la duda y de la honestidad de estar convencido en su momento de la existencia de las armas de destrucción masiva y de que la intervención suponía una garantía a favor de que el pueblo iraquí pudiera acceder a un sistema democrático, ¿cuáles son los límites de la verdad y la mentira en las decisiones de política internacional? Una cuestión realmente complicada y de casi imposible resolución desde una Unión Europea carente de política exterior común, y en la que prevalecen los intereses nacionales disfrazados casi siempre sobre la mentira común (¿o es acaso verdad que la oposición de Francia a la invasión de Irak respondía a su numantina defensa del Derecho internacional? Que Rodríguez Zapatero y Sarkozy se lo expliquen a los saharauis…).

Aznar, el malo de Aznar para una izquierda que ha sabido rentabilizar en el ámbito de la política doméstica su alineamiento con la representación por antonomasia del Mal (USA), espero que sea algún día reconocido como el primer presidente de la democracia que trató, con sus aciertos y errores, de romper con el “antinorteamericanismo” de los españoles, pero también, con el estereotipo de que los circunspectos y formales políticos europeos son más de fiar que aquellos otros americanos caricaturizados por esa misma izquierda como horteras de sombrero ranchero, botas con espuelas y el rifle siempre presto. De momento, y aunque le sirva de poco, tiene al menos el reconocimiento de muchos españoles por su valentía y falta de sentido del ridículo en su inteligente y muy americana disposición a aprender…entre otras cosas, inglés.

MARÍA SAN GIL

Hace ya algunos años dirigí un curso de verano organizado por la Universidad de La Laguna en Adeje (Sur de la isla de Tenerife). El tema central del curso era la financiación de las Comunidades Autónomas. Entre los ponentes invitados estaba Vidal Cuadras, que por entonces era líder del Partido Popular en Cataluña y auténtico “azote” del nacionalismo catalán. Con la victoria del PP en 1996 (en minoría), el Presidente Aznar no tuvo más remedio que pactar el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas… y el discurso de Vidal Cuadras quedó así relegado para coyunturas más favorables. Aceptó un puesto como eurodiputado y ahí sigue, observando, seguramente con interés, el conflicto entre valones y flamencos.

Rosa Díez también había sido el “azote” de un nacionalismo mucho más radical y peligroso para todos y para su propia integridad personal. Trató de ganar la secretaría general del PSOE y perdió democráticamente. Su retiro “dorado” también fue Bruselas. Sin embargo, no tuvo la flema de resistir tanta pasividad ante la actitud beligerante del Sr. Rodríguez Zapatero contra todos aquellos que se jugaban y juegan la vida diariamente en el País Vasco y Navarra en su lucha por la libertad contra el fascismo de ETA, HB, ANV, PCTV… Renunció a sus privilegios y se puso al frente de las mismas ideas que siempre había tenido aunque bajo unas nuevas siglas.

Le toca ahora el turno a María San Gil, que no sé lo que hará o harán con ella, pero de momento, investida con la dignidad que siempre conllevan los que luchan por la verdad y la libertad, aún sabiéndose minoría, ha optado por rebelarse. Lo más triste de todo, sin embargo, es que esa verdad que ella defiende pueda ser objeto de “mercadeo” por otros miembros de su propio partido, aunque muchos de los que dicen ahora estar con ella, realmente no lo estén.

Tanto Rosa Díez como María San Gil lo tienen muy crudo en política. Pero su existencia y actitud no sólo es necesaria, sino imprescindible como referencia para seguir creyendo en ella y ellas.

LOS TRAPOS SUCIOS SE LAVAN EN CASA

¿Sabe usted lo que es tener un hijo o un hermano bobo, retrasado o, más finamente, discapacitado? Yo sí lo sé, y también que de niño mi madre me obligaba a sacar a mi hermano a la calle a darle un paseo ante la mirada atónita de los viandantes. Desde pequeño, por tanto, aprendí que no había razones para tratar de ocultar lo que entonces socialmente suponía una vergüenza. Algo hemos progresado en este sentido, y hoy las familias ya no ocultan a la sociedad la existencia de sus discapacitados. Lo que antes era una vergüenza, hoy es lo más “natural” del mundo. La sociedad, indudablemente, ha avanzado. Es más humana.

Sin embargo, para otros ámbitos, la consigna de la ocultación sigue firmemente arraigada. Pero no en lo que se refiere al necesario pudor de reservar ante la mirada ajena la esfera de la intimidad personal (pudor que actualmente está hecho trizas a través de la irrupción de determinados programas de la televisión), sino en lo que se refiere a la ocultación de las tramas negras de la miseria humana. Ocurre a distintos niveles. Aquí nos interesa referirnos ahora a la ocultación de los comportamientos corruptos.

Si fuéramos miembros de un grupo mafioso que actúa al margen de la ley, una de las reglas que de forma imperativa habríamos de cumplir es que las vulneraciones a la regla no podrían en caso alguno ser resueltas públicamente. Que te quedas con la pasta que pertenece a la organización, pues un tiro en la sien y que tu cadáver aparezca carbonizado en un contenedor. Aquí paz y en cielo gloria. Expeditiva justicia mafiosa. Y nunca mejor dicho, los trapos sucios –y el dinero- se lavan, y bien lavados, en casa. Es una regla irrenunciable para la existencia misma del grupo. Puro oscurantismo. Pura supervivencia.

Como miembros de una sociedad democrática fundamentada en el imperio de la ley, ante la evidencia de la vulneración de la misma deberíamos reaccionar en su defensa. Sin embargo, no es este el comportamiento general. Solemos, por el contrario, escudarnos en nuestra cobardía bajo el pretexto de que personalmente nosotros no la incumplimos, sino que son otros los que lo hacen. La cuestión, en definitiva, no nos atañe. Y cuando el incumplimiento trasciende y se hace público en virtud de la denuncia de un/a valiente, nuestra reacción suele ser de reproche, no al incumplidor, sino al denunciante, que ha posibilitado con su acción que se haga así pública la generalizada cobardía de los miserables. El colofón será entonces que lo correcto debió haber sido “lavar los trapos sucios en casa”.

Cuando ante el descubrimiento de las presuntas irregularidades cometidas por el Jefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), los medios de comunicación preservan la honorabilidad del Cuerpo de la Policía Local ante los presuntos mafiosos, están auspiciando –seguramente sin quererlo- la actitud de todos aquellos policías y políticos cobardes que sabiendo del incumplimiento de la ley no lo denunciaron. ¿Quién es más culpable?

"ODIO EL IRPF" U "ODIO AL IRPF". That's the cuestion, compadre.

Parece un juego de palabras, pero en realidad no lo es. “Odio el IRPF” expresa un sentimiento personal, el propio del contribuyente que sabe se acerca la finalización de la fecha fatídica de tener que ajustar cuentas con el Fisco. “Odio al IRPF” expresa, por el contrario, un sentimiento colectivo que cada día que pasa es más preocupante, sobre todo, entre los perceptores de rentas del trabajo, que son aquellos que mayoritariamente hacen frente al pago del impuesto.

Entre los que nos dedicamos al estudio de los impuestos prevalece la tesis de que en la actualidad las normas tributarias ya no tienen, como antaño, el estigma de su carácter odioso, sobre todo, porque los impuestos son hoy producto no de un poder arbitrario, sino de un poder legitimado por el voto ciudadano y que han de responder además a determinados criterios de justicia previstos en la Constitución. Sin embargo, sería de ingenuos creer que esta última circunstancia es suficiente para afirmar el carácter no odioso de los impuestos en general y del IRPF en particular.

Si planteáramos el contribuyente la cuestión de si cree que son necesarios los impuestos, la respuesta mayoritaria sería seguramente afirmativa. La respuesta sería distinta si la cuestión planteada fuera: ¿está usted de acuerdo con lo que le corresponde pagar en concepto de IRPF?

¿Qué ha sucedido? Me atrevo a formular una posible explicación. Los españoles pagamos por vez primera un auténtico impuesto sobre la renta personal en el año 1979 (el correspondiente al ejercicio de 1978). Asumimos entonces con sana alegría y firme esperanza, que nuestra contribución a las cargas públicas a través del IRPF era, si no un bien caído del cielo, sí al menos un sacrificio que valía la pena asumir al igual que lo habían hecho antes nuestros hermanos europeos. En España, además, esta alegría y “amor limitado” al IRPF coincidía con la recuperación de la democracia y con el firme convencimiento de que por fin el Estado iba a hacer un uso real de los impuestos como un instrumento de redistribución de la riqueza.

Treinta años después, las ya viejas ilusiones se han quedado en eso, en viejas y fantasmagóricas ilusiones que además se siguen empleando como pretexto para hacernos creer que pagan más los que más tienen. No ha habido ni una sola reforma del IRPF después de 1979 que no se haya justificado en el fundamento de que el objetivo a conseguir era “mejorar fiscalmente” a los perceptores de rentas del trabajo. Pura falsedad, y esto, queridos amigos, no sólo es para cabrearse, sino también, para acumular, período impositivo tras período impositivo, un pozo de odio aún razonable que me temo algún día pueda estallar de forma incontrolada en auténtica rebelión fiscal. Hasta tal punto ha llegado esta desgraciada intrahistoria del IRPF, que en la actualidad, son los mismos partidos mayoritarios que la han ocasionado (PSOE, PP), los que tratan de “vendernos” la necesidad de las “rebajas” en materia fiscal, como si fuéramos los perceptores de rentas del trabajo -¿o lo seremos realmente?- vulgares espíritus consumistas de cerebro atolondrado, pues en realidad, tales rebajas lo son siempre para aquellos que disponen de suficientes recursos para no tener que acudir nunca a las Rebajas de verdad.

SOBRE LA CRISIS DE LA JUSTICIA

El mayor peligro que puede rondar a una sociedad organizada democráticamente es que se instale en la sociedad un sentimiento generalizado de desconfianza en la administración de la justicia. Esporádicamente hemos visto cómo reacciona la chusma ante actos específicos de injusticia, esto es, tratando de tomarse la “justicia por su mano”. Este tipo de reacciones irracionales y delictivas son, agraciadamente, minoritarias, pero expresivas en grado extremo del riesgo que supondría retrotraernos a la época de las cavernas, alternativa esta última que siempre estará presente en el seno de los grupos humanos cualquiera que sea su grado de civilización (Alemania nazi o la ex Yugoslavia). Y es que la construcción de una sociedad supone siempre un proceso lento plagado de pequeños avances y retrocesos, en tanto que su destrucción, como toda destrucción, suele ser fugaz y de efectos incalculables.
Es cierto que el ser humano –sobre todo en época de juventud- tiene una tendencia innata al riesgo y a ignorar la experiencia positiva-negativa de generaciones anteriores. Esto es así y ello no es bueno ni malo por sí mismo, pues en la asunción de ese riesgo radica la mayoría de las veces el progreso de las sociedades en todos los ámbitos. Sin embargo, en el tema de la justicia, a partir de la constatación de las graves deficiencias estructurales que la aquejan, la reacción que aboga por un cambio radical de la misma para hacerla más eficaz y eficiente, no parece ser en nuestra opinión la posición más sensata.
Lo que muchos ciudadanos reclaman realmente es que los dos grandes partidos que existen hoy en nuestro país (PSOE-PP) se pongan de acuerdo respecto a unas bases mínimas por las que ha de regirse la Administración de Justicia como servicio público esencial. El problema de la justicia no son en exclusiva los jueces y su sistema de selección, ni los funcionarios, ni los farragosos, formalistas e inseguros procedimientos judiciales, ni los abogados y procuradores, ni… El problema de la justicia hoy, en España, es la acumulación de muchos pequeños problemas que hasta el presente no han sido abordados en su conjunto de manera abierta, decidida y de forma consensuada por los responsables políticos. Ese es el debate que demandan los españoles, y no aquel otro que gira sobre el consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o de cómo dinamitar la unidad de la Jurisdicción entre las distintas Comunidades Autónomas.

¿APARCAR LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA?

En el diario EL PAÍS de hoy se publica un artículo del expresidente del Gobierno de la Nación Felipe González, en el que de forma clara y contundente el mismo aconseja que, ante la fase de recesión económica que vive el país, lo más prudente y sensato para todos sería "congelar" la revisión del actual modelo de financiación de las autonomías.

Sin duda, se trata no sólo de una opinión autorizada, sino también, fundadamente temerosa de las consecuecias de todo tipo que subyacen en la imprudencia que en su momento supuso la aprobación por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero (y del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados) del proyecto de Estatuto catalán y su específica previsión de que la financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña se "negociaría" de forma bilateral entre el Estado y la Generalidad.

Es obvio que esto último no sería políticamente prudente que lo dijera de manera expresa Felipe González, pero como político con sentido de la responsabilidad, creemos que tras sus palabras se halla un temor cierto a lo que se avecina si antes el Tribunal Constitucional no lo impide.

Se puede llegar a comprender la posición cautelosa y timorata del expresidente del Gobierno a la hora de criticar abiertamente las decisiones de los dirigentes de su propio partido en esa materia, pues todavía en España, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas democráticos de tradición secular (caso de Gran Bretaña), resulta inconcebible que nuestros representantes puedan expresar libremente sus propias opiniones (y las de sus electores) ante la férrea y antidemocrática "disciplina de partido". Pero este no es el caso de Felipe González, que ya no es representate, sino exgobernante, por lo que tal vez habría que exigirle que se dejara de "medias tintas" y subterfugios y dijera claramente que fue un grave error aprobar que fuera una comisión bilateral Estado-Generalidad la que se encargaría de fijar un modelo de financiación singular o específico para Cataluña.

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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: LA AVARICIA ROMPE EL SACO

No es precisamente la avaricia uno de los nuevos pecados introducidos por el Papa Benedicto en el ancestral catálogo de pecados capitales. Se trata, por el contrario, de un viejo y conocido pecado que está estrechamente ligado a ese sentimiento humano que se denomina insolidaridad. Es verdad que la avaricia, bien administrada, puede ser un aliciente para el progreso y avance de muchas cosas, incluso hasta del propio conocimiento. Sin embargo, cuando ésta supera determinados límites, el resultado no puede ser otro que aquel que desemboca en la conocida máxima de “sálvese quien pueda” o “ande yo caliente, ríase la gente”, o bien, aquel otro más burdo pero más expresivo de “que te den pol cu…desgraciao” (pronto, si no lo es ya, esta última expresión será calificada de homófoba).
A partir de la última aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se vuelve a replantear en España el inconcluso debate sobre el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. Claro, aún a estas alturas no sabemos qué dirá el Tribunal Constitucional acerca de la adecuación o no a la Constitución de muchos de los preceptos de dicho Estatuto y, en particular, sobre aquel que establece que en cuestiones de financiación, el tema se resolverá de manera bilateral entre el Estado y la Generalidad de Cataluña, es decir, igualito que lo que ahora ocurre con el País Vasco y Navarra.
Para cualquier mente no calenturienta, lo sensato sería esperar a que los magistrados (dependientes e independientes) del Tribunal Constitucional se pronunciaran al respecto. Sin embargo, toda vez que el Estatuto está en vigor, de lo que se trata es de apurar al máximo sus previsiones para así llegar a lo que los avariciosos desean: que el hecho se imponga al Derecho y al mismísimo sentido común. No dudo que esto último sea lo que desee, recónditamente, el propio Gobierno de la Nación, perdón, de España.
Sin embargo, como ciudadano y votante, lo que más me llama la atención de todo este proceso manifiesto de insolidaridad y avaricia que muestran sin ningún tipo de recato los socialistas del PSC, es que, miren por dónde, sea la que ellos califican como derecha cavernícola (es decir, el PP) la que se preocupe y defienda la necesidad de establecer un modelo de financiación común y solidario entre todas las Comunidades Autónomas españolas. Es verdad que el Sr. Camps, en Valencia, ha tenido la torpeza de caer en la trampa de reclamar idéntico modelo al que reivindican los neonacionalistas-socialistas del PSC, pero de alguna forma ello queda compensado por la posición de la Sra. Esperanza Aguirre, que presidiendo una de las Comunidades más ricas de la llamada España plurinacional, sigue manteniendo que está bien eso de ser solidarios con las Comunidades más pobres. ¿Un mundo al revés?. Ya lo decía Paco Ibáñez: “Erase una vez, un pirata honrado…”.

LA DICTADURA CUBANA Y YOANI SÁNCHEZ

Visité Cuba en el año 1982 con ocasión del hermanamiento de la Villa de La Orotava con la ciudad de Sancti Espiritu. Regresé a Canarias con la confirmación de mis esquemas ideológicos previos: un “pueblo unido jamás será vencido”, la “educación y la sanidad es la base y el fundamento de la revolución”, “a tus órdenes, comandante Fidel”… Tuve la oportunidad de estrechar la mano y de conversar con el Comandante y quedarme gratamente impresionado de sus detallados conocimientos sobre Canarias. Añadí una justificación más a mi desprecio por los “gusanos” que desde Miami, aliados con la potencia maligna del Imperio, seguían con el bloqueo económico a la isla y a sus gentes. Vamos, que mi pecho de revolucionario de pacotilla (es decir, de un ciudadano de un país que había recuperado la execrables libertades burguesas) se hinchó de renovados aires marciales a favor de la perla del Caribe y sus denodados esfuerzos de lucha contra la opresión del Imperio del Mal.
Pero “gracias a Dios”, al transcurso del tiempo y a mi cerebro, aquella ideología de juventud se fue resquebrajando y me fui transformando paulatinamente en un vil gusano (curioso proceso inverso: de atolondrada mariposa voladora a gusano pegado a la tierra). Veía ahora al Comandante como un dictador sanguinario que no tenía el más mínimo reparo en asesinar o condenar a veinte años de cárcel a cualquier súbdito que osara cuestionar de palabra su omnímodo poder revolucionario. No era ya una imagen, era la pura y dura realidad de todos aquellos cubanos, gusanos de verdad, que no estaban dispuestos a transformarse en una falsa mariposa que vuela en un aire que cotidianamente oprime la libertad.
Una de esas gusanas es YOANI SÁNCHEZ, “blogera” cubana que acaba de recibir el premio de periodismo Ortega y Gasset otorgado por el diario EL PAIS, y a la que la Dictadura de Fidel, Raúl y demás familia revolucionaria, le ha negado el permiso para salir de su país y trasladarse a Madrid para recogerlo.

LA COPE Y FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

En una sociedad como la española actual en la que se trata de imponer por distintos medios el uso de un lenguaje políticamente correcto, es de agradecer la existencia de Jiménez Losantos. Sí, ya se que decir esto es políticamente incorrecto, sobre todo, en determinados ambientes en los que rápidamente te califican y clasifican por decirlo con la etiqueta de "facha". Pero que le vamos a hacer... siempre será preferible asumir el falso etiquetado que tener que arrastrar el terrible fardo de no pensar por ti mismo y querer estar siempre a bien con la manada que expende etiquetas de lo que se debe o no pensar en cada caso.

Hoy por la mañana he tenido la oportunidad de oir sus comentarios sobre la muerte de Leopoldo Calvo Sotelo. Estaba el hombre cabreado e indignado ante tante ñoñería y, sobre todo, hipocresía proviniente de la llamada clase política. Y la verdad es que tiene toda la razón. Es para cabrearse, pues otra vez se pone de manifiesto que la muerte es el momento en el que generalmente se le reconocen al adversario que definitivamente desaparece de la escena sus auténicos méritos. Como diría Jiménez Losantos, en fin...