En el artículo de opinión publicado ayer ya anunciaba que personalmente simpatizaba con la decisión del Sr. Taguas de aceptar la oferta de ocupar la presidencia de la principal Asociación española de empresas de la construcción. Explicaré por qué.
En principio, parece ser que resulta moralmente reprochable que un señor que ha sido Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno (asesor directo del Sr. Rodríguez Zapatero), deje esta responsabilidad política y pase a presidir una asociación empresarial, nada más y nada menos, que de empresarios de la construcción (o del “ladrillo”, para ponerlo todavía peor).
Primera cuestión: en ocasiones, lo que parece pueda ser calificado como moralmente reprobable, es, sin embargo, jurídicamente intachable. En este caso, ha resultado ser así. El Sr. Taguas, antes de tomar su decisión, pidió a la Administración un informe relativo a la existencia de una posible incompatibilidad para ocupar su nuevo cargo. Tal informe fue negativo, esto es, inexistencia de incompatibilidad. Sin duda, es evidente que no todo lo legal, por principio, es moralmente aceptable (que se lo digan estos días a los gitanos y rumanos en la Italia de Berlusconi, que de inmigrantes “sin papeles” han pasado directamente a ser considerados delincuentes. Y el Papa, hasta el momento, sin decir ni pío).
Segunda cuestión: no obstante lo anterior, los integrantes de un partido de izquierda, Iniciativa per Catalunya (IC), convencidos de la inmoralidad intrínseca de la decisión adoptada por el Sr. Taguas y, a pesar de la misma ser acorde a Derecho, presentan una moción en el Congreso de los Diputados dirigida a condenar al Gobierno y al Sr. Taguas. A esta iniciativa se suma –en mi opinión no por razones morales ni legales, sino exclusivamente políticas para así dañar la imagen del Gobierno- el Partido Popular (PP). La moción es derrotada gracias al apoyo que el Gobierno obtiene del grupo parlamentario de Convergencia y Unió (CIU). Significativamente, ese apoyo explícito no es defendido por el portavoz de CIU (Josep Antonio Duran), sino que este, mediante una pirueta parlamentaria artera, prefiere mandar a la tribuna de oradores a otro parlamentario menos relevante, poniendo así de manifiesto que el apoyo prestado al Gobierno es de los que se presta “tapándose la nariz” por el “hedor” que el mismo desprende. Se supone, no obstante, que habrá sido a cambio de algo o de que en el futuro se requerirá la correspondiente contrapartida. Esto último, sin embargo, no parece que sea moralmente reprobable, sino que “es la política, mi helmano…”, como bien diría el "hombre nuevo" de la Cuba de los hermanos Castro.
Tercera cuestión: en el fondo de toda esta pequeña y repetida historia late un sentimiento fuertemente arraigado en nuestra sociedad, producto de la influencia de ciertas ideas de izquierda y también, curiosamente, de la doctrina moral de la Iglesia Católica. El capitalismo es moralmente perverso. El dinero corrompe. El poder político y su conexión con el capital corrompe. El afán desmedido de riqueza (avaricia) es una de las causas de la actual crisis financiera (lo ha dicho estos días el Presidente del Banco Popular. Aprovecharé para solicitarle me rebaje los intereses de mi hipoteca). Que todo esto pueda estar presente, resulta innegable. Que se de en cualquier caso como inherente al sistema, es una simple estupidez. Para controlarlo está el Derecho y los jueces, para condenarlo moralmente, una amplia gama de inquisidores, generalmente, de dudosa moralidad.
Cuarta y última cuestión: Me niego a condenar como inmoral que el Sr. Taguas haya decidido pasar a ocupar un puesto relevante en el sector privado. Presumo que este hecho por sí mismo no significa absolutamente nada. Afirmo, además, que en nuestro sistema democrático-capitalista, es bueno para la salud del sistema y para la convivencia, que los profesionales del sector privado ocupen responsabilidades en la Administración Pública y viceversa. En un caso, doy por supuesto que la decisión es un auténtico sacrificio a favor de la sociedad y una apuesta por la defensa del interés público, en el segundo, que es normalmente la expresión de un hartazgo de muchas cosas y el legítimo deseo de lograr una mejor retribución al esfuerzo y a la capacidad personal a favor de la defensa de otro interés igualmente legítimo, el privado.
Y termino. Presumiré siempre que el trasvase de personas entre el sector público y el sector privado no condiciona por sí mismo la honorabilidad, honestidad y rectitud de la actuación de tales personas en uno u otro sector. Y el que afirme lo contrario, que lo pruebe (delito de tráfico de influencias) y no que se limite a reprobarlo y a dar por supuesta la deshonestidad del sujeto (¿cuándo se van a tomar en serio los jueces el daño que ocasiona a las personas decentes la existencia de tanta condena supuestamente moral y tanta denuncia falsa?). En esta sociedad de vieja tradición autoritaria, cualquier mentecato se cree con el derecho a ignorar uno de los más elevados principios morales y jurídicos que ha alcanzado la humanidad: la presunción de inocencia. Ya está bien de tanta moralina barata, tanta presunción de culpabilidad generalizada y tanta mala leche.
P.D. Si el Gobierno creyera de verdad que la actuación de cualquier persona, ocupe el puesto que ocupe, ha de presumirse siempre como moralmente irreprochable y jurídicamente acorde a Derecho (y cuando se demostrara que así no fuere actuase en consecuencia), debió defenderlo así ante las Cortes, aunque perdiera la votación, y no debió nunca haber realizado un pacto inmoral para defender algo que en realidad no se cree. Esto sí que es moralmente reprobable.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario