JUECES: CUESTIÓN DE DERECHO

Son aproximadamente unos 5.000 los jueces en activo que tienen encomendada la relevante función de administrar justicia en nuestro país. Desconozco qué proporción de éstos son jueces de carrera, esto es, licenciados en Derecho que, después de haber superado unas durísimas oposiciones, asumen la responsabilidad de dedicarse a resolver los conflictos que se plantean en nuestra sociedad. Con toda seguridad, serán la mayoría, pues si así no fuera aún sería hoy peor la mala imagen que los ciudadanos ya tenemos en general del funcionamiento de la Administración de Justicia.

A mí con los jueces me pasa algo similar a lo que me ocurre con las militares, las notarias, las abogadas del Estado, las funcionarias, las policías, las abogadas, las procuradoras, las profesoras-maestras, las barrenderas, las médicas, las practicantes (expresión mucho más bella que la de ATS), las matronas, las dependientas, las empresarias…las catedráticas de universidad (el empleo del “las” obedece a una simple razón sociológica: en algunas de las profesiones citadas las mujeres ya superan a los hombres). Son todas profesiones que admiro de manera reverencial. Y lo hago por dos motivos: de un lado, porque en todos los casos siempre presumo que las personas que las realizan les gusta y atrae su profesión; de otro, porque esa presunción me permite salir a la calle y convivir cada día con menos sobresaltos y angustias. Están todos y todas ahí para resolverme y que yo les resuelva mis-sus variopintas necesidades, problemas y demás vicisitudes de una vida civilizada. Son ya parte de la realidad cotidiana y quiera Dios que nunca desaparezcan, sino que sólo, en todo caso, se transformen para mejorar. Y todo esto que digo no es más que producto de una circunstancia fundamental: haber vivido más de cincuenta años y haberlo hecho bajo un régimen no democrático y otro democrático. Cuestión de Derecho.

Pero no sólo, ciertamente, es cuestión de Derecho. En el régimen franquista no había Estado de Derecho en sentido propio, mientras que sí lo hay en el actual régimen político que libremente nos hemos dado los españoles. Un gran paso, sin duda, a favor del verdadero y legítimo Derecho. En el franquismo había jueces que eran auténticos profesionales, esto es, que aplicaban un Derecho positivo con el que podían o no estar de acuerdo en cuanto a su falta de legitimación de origen, pero que para ellos era el único instrumento que les permitía-obligaba en cada caso impartir justicia. Eran, por esa única razón, gente honrada. Además, habrá que reconocer que fueron muchos los jueces que bajo el franquismo contribuyeron con sus criterios de interpretación del Derecho a mejorar el desamparo y desprotección existentes para muchos ciudadanos como consecuencia de la ausencia de auténticos derechos políticos. También había policías, militares, funcionarios, sindicalistas del sindicato vertical, etc. que obraban con idéntica divisa. La grandeza de la transición política a la democracia en España no fue, tal y como hoy se empeñan en afirmar algunos a fin de minusvalorarla, obviar u olvidar las atrocidades del franquismo y de su Derecho, sino que fue reconocer la existencia, necesaria continuidad y aportación de todos aquellos que honradamente ejercían sus profesiones durante el franquismo y anhelaban cambiar para mejorar individual y colectivamente.

Por eso, me entristece hoy leer muchos comentarios en internet al hilo de la noticia del fallecimiento de un magistrado del Tribunal Constitucional, en los que se destaca su origen y trayectoria franquista, su oposición al matrimonio homosexual, al Estatuto de Cataluña o cualquier otra sandez. Es un mal presagio. Y lo que es más grave, es la justificación o el pretexto que utilizan algunos para desvalorizar las tesis del contrario a falta de auténticos argumentos en los que fundamentar sus propias tesis. Y esto último ya no es cuestión de Derecho, sino pura y dura demagogia que no conduce en caso alguno al necesario fortalecimiento del Estado de Derecho y del sistema democrático.