CARTA A Dª MARÍA EMILIA CASAS, PRESIDENTA DEL T.C. (O DE CÓMO EVITAR EL REGRESO AL PASADO MÁS REACCIONARIO)

Montilla no negociará la financiación de Cataluña con otras comunidades
Los socialistas catalanes agradecen el apoyo en este tema de Pujol, Duran y Piqué
EFE - Barcelona - 19/05/2008

Sra. Presidenta:

Debe usted reflexionar sobre la relevante función que cumple como Presidenta del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución española. Sé que su posición es difícil y que está sometida, seguramente, a fuertes presiones provenientes de muchas instancias. Pero esto último, además de ser normal en una sociedad democrática, no debe llevarle en caso alguno a renunciar a su deber como jurista: ser fiel intérprete de los principios que informan la norma básica o fundamental por la que hemos decidido regirnos la mayoría de los españoles.

Sé que el título de esta carta le puede resultar desagradable, toda vez que el mismo ya refleja una toma de posición explícita sobre el tema que le voy a plantear, pero tiene que comprender que mi posición es muy distinta a la que usted representa. Yo puedo y debo, como ciudadano, expresar abiertamente mi opinión sobre las actuaciones que realiza el Gobierno de la Nación o las decisiones que adoptan las Cortes Generales, mientras que usted no. No significa esto que le niegue su derecho a tener también sus propias opiniones. Lo que significa, en realidad, es que usted debe, en todo caso, dejar al margen sus legítimas preferencias políticas y actuar exclusivamente como jurista. Por su dilatada experiencia como Presidenta, no voy a ser yo quien le diga lo difícil que es a veces trazar la línea diferenciadora entre Derecho y Política. Pero estará de acuerdo conmigo en que es esa diferenciación la que garantiza no sólo la independencia del Juez, sino también, la propia función legitimadora del Derecho como uno de los fundamentos nucleares de una sociedad democrática.

Está a punto de consumarse la aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que se refiere al tema específico de la financiación autonómica. Soy consciente de que el Estatuto es una norma que está en vigor y que el Gobierno de la Nación (y no digamos ya el Gobierno catalán), a diferencia de lo que sucede con otras normas, tiene especial empeño en que se aplique lo antes posible el precepto relativo a la negociación bilateral entre el Estado y la Generalidad en materia de financiación (como habrá podido comprobar estos últimos días, los “jóvenes cachorros” herederos de Felipe González ignoran los prudentes consejos que el mismo se ha atrevido a darles en sentido contrario. Ya sabe, la normal rebelión, a veces con tintes de soberbia, de los hijos respecto a sus padres).

Estoy convencido de que la intención manifiesta del Sr. Rodríguez Zapatero no es, como parece obvio, el legítimo afán del cumplimiento inmediato de la ley, sino que es más bien lograr el establecimiento de un precedente aplicativo que se conformaría como otro obstáculo más (ya lo ha sido el tiempo transcurrido desde que se interpuso el recurso) para que en su día el Tribunal Constitucional pudiera dictar una sentencia que declarase como contraria a la Constitución la referida negociación bilateral. Sí, ya sé que este hecho no haría temblar su pulso ni el de los demás magistrados si efectivamente la mayoría de ellos estuvieran convencidos de la inconstitucionalidad del referido precepto, pero parece razonable pensar que si esto ocurriera la falsa acusación de “anticatalanismo” se atribuiría de manera exclusiva al máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, de ser así ¿no le parece que sería para usted como Presidenta un auténtico honor dejar el Tribunal pasando a la Historia como aquella que impidió, por ser manifiestamente inconstitucional (y políticamente reaccionario), el rompimiento del principio de igualdad de todos los españoles en cuanto a la distribución de los recursos públicos?

No se trata de ponerse trágico aunque haya motivos para ello (serio cuestionamiento del principio constitucional de unidad de la Nación española, consagración de la existencia de territorios y ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, etc.), sino de decirle que al margen de otros muchos aspectos del Estatuto que en mi modesta opinión son también inconstitucionales, el relativo al cuestionamiento del modelo de financiación común es tal vez el más grave de todos ellos. Porque aquí no se está discutiendo que Cataluña pueda precisar de más recursos que otras CCAA en función de criterios objetivos previamente establecidos para todos, sino que lo que se discute, más exactamente, es que Cataluña pueda fijar bilateralmente con el Estado los recursos que necesita sin tener en absoluto en cuenta las necesidades o la existencia misma del resto de las CCAA. Es como lo que ocurre en las mejores familias: los recursos se distribuyen entre todos sus miembros de acuerdo a reglas comunes y en atención a las necesidades de cada uno, y no atendiendo primero a las necesidades del más listo, más guapo, menos seny o más chantajista, y luego a las necesidades de los demás.

Y por favor no piense ahora en el caso del País Vasco y Navarra, pues si quiere que le diga de verdad lo que yo pienso, es que va siendo hora de propugnar la modificación de la Constitución para acabar definitivamente con un privilegio de dudosa justificación en una sociedad moderna regida por los principios de igualdad, generalidad y equitativa distribución de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos (por cierto, los motivos aducidos en la Transición para esta excepción constitucional no han calmado ni colmado las aspiraciones de los nacionalistas, sino que las han acrecentado).

Finalmente, Sra. Presidenta, deseo trasladarle mi profunda desazón al ver cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones generales celebradas en nuestro país. No, no se trata de que haya ganado el PSOE las elecciones, de lo que como demócrata me alegro, sino de que este partido las haya ganado creyéndose muchos de sus electores que el mismo todavía defiende un modelo político regido por la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.

Soy consciente de que esta carta nunca le llegará. Pero en fin, cuando ya no sea Presidenta y venga en alguna ocasión de visita como catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de La Laguna, espero poder entregársela en mano, pero sobre todo, espero haber confirmado que su actuación haya sido consecuente con aquella máxima de la jurisprudencia romana de que el Derecho es, ante todo, equidad: ars boni et aequi.

P.D. Una vez finalizado este artículo he conocido hace unas horas la noticia del fallecimiento del magistrado del T.C. Don Roberto García-Calvo. Siento de verdad su fallecimiento por muchas razones. Descanse en paz.