SOBRE LA CRISIS DE LA JUSTICIA

El mayor peligro que puede rondar a una sociedad organizada democráticamente es que se instale en la sociedad un sentimiento generalizado de desconfianza en la administración de la justicia. Esporádicamente hemos visto cómo reacciona la chusma ante actos específicos de injusticia, esto es, tratando de tomarse la “justicia por su mano”. Este tipo de reacciones irracionales y delictivas son, agraciadamente, minoritarias, pero expresivas en grado extremo del riesgo que supondría retrotraernos a la época de las cavernas, alternativa esta última que siempre estará presente en el seno de los grupos humanos cualquiera que sea su grado de civilización (Alemania nazi o la ex Yugoslavia). Y es que la construcción de una sociedad supone siempre un proceso lento plagado de pequeños avances y retrocesos, en tanto que su destrucción, como toda destrucción, suele ser fugaz y de efectos incalculables.
Es cierto que el ser humano –sobre todo en época de juventud- tiene una tendencia innata al riesgo y a ignorar la experiencia positiva-negativa de generaciones anteriores. Esto es así y ello no es bueno ni malo por sí mismo, pues en la asunción de ese riesgo radica la mayoría de las veces el progreso de las sociedades en todos los ámbitos. Sin embargo, en el tema de la justicia, a partir de la constatación de las graves deficiencias estructurales que la aquejan, la reacción que aboga por un cambio radical de la misma para hacerla más eficaz y eficiente, no parece ser en nuestra opinión la posición más sensata.
Lo que muchos ciudadanos reclaman realmente es que los dos grandes partidos que existen hoy en nuestro país (PSOE-PP) se pongan de acuerdo respecto a unas bases mínimas por las que ha de regirse la Administración de Justicia como servicio público esencial. El problema de la justicia no son en exclusiva los jueces y su sistema de selección, ni los funcionarios, ni los farragosos, formalistas e inseguros procedimientos judiciales, ni los abogados y procuradores, ni… El problema de la justicia hoy, en España, es la acumulación de muchos pequeños problemas que hasta el presente no han sido abordados en su conjunto de manera abierta, decidida y de forma consensuada por los responsables políticos. Ese es el debate que demandan los españoles, y no aquel otro que gira sobre el consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o de cómo dinamitar la unidad de la Jurisdicción entre las distintas Comunidades Autónomas.