A TIRADO, DE MOMENTO, NO LO HAN DEJADO TIRADO...

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de confirmar la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por su actuación en el llamado caso Mari Luz, ¿una vergüenza nacional? Uf¡, qué complicado… Una pobre niña muerta, un presunto autor encarcelado, una secretaria judicial sancionada, una familia destrozada, un juez cuestionado por su falta de diligencia a la hora de velar por la ejecución de una sentencia, una sociedad doblemente cabreada: por el deficiente funcionamiento de un servicio público tan relevante como el de la impartición de justicia y por la existencia de delitos sexuales en los que las víctimas son niños y niñas de corta edad que están “blandamente” penalizados, en fin, un auténtico cóctel explosivo cuya propia existencia es lo peor que puede acontecer a la hora de tratar de pergeñar un juicio prudente sobre el mismo. Es la concurrencia de esta última circunstancia la que en mi opinión se conforma –al margen, obviamente de la muerte de la niña- como aspecto más grave de toda esta historia. El cuestionamiento social mayoritario de las decisiones judiciales al compás de la concurrencia de los hechos que las motivan, suele ser un síntoma preocupante respecto al funcionamiento de la Administración de justicia.

¿Pero acaso no han tenido el tiempo y el sosiego necesario los miembros del CGPJ para calificar en debida forma la actuación del juez R. Tirado y aplicarle la correspondiente sanción? Pues resulta que para aquellos que con carácter previo a la resolución adoptada ya habían manifestado su patente insatisfacción por la multa de 1.500 euros, la decisión adoptada por el CGPJ confirmando dicha sanción no sólo es imprudente, sino claramente injusta. El juez Tirado se merecía una sanción más gravosa. Los miembros del Consejo, de acuerdo con esta corriente de opinión, han actuado en este caso en función de intereses corporativos: se trataba de defender la actuación del juez o, al menos, de “comprenderla” en atención a todas las circunstancias que concurrieron en el caso con anterioridad a la muerte de Mari Luz.

Bien es verdad que la resolución adoptada por el CGPJ podrá ser objeto de revisión por un tribunal de justicia, en este caso, el Tribunal Supremo, lo cual es una manifestación de las garantías que afectan al juez Tirado y a aquellos otros que se sienten de una u otra forma víctimas de su actuación. Y sin embargo, vistas las posiciones previas ¿quién se va a fiar de la iurisprudentia del Tribunal Supremo? Pues con toda certeza y convicción, quien esto suscribe, pues si así no fuere, mejor apaga y vámonos…

Tengo la impresión de que tanto el juez Tirado, como la secretaria judicial que ya fue sancionada por el Ministerio de Justicia, como en general el personal al servicio de la Administración de Justicia, así como muchos otros ciudadanos de este país, estamos un pelín hartos de la improvisación y de la demagogia de nuestros gobernantes. A estas alturas aún no ha salido la autoridad competente para explicar a los ciudadanos que el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país es bastante deficiente en atención, fundamentalmente, a la escandalosa falta de medios de todo tipo que le afectan y a la “loca” distribución de competencias entre el Estado y las CCAA. El problema no son los jueces, ni los secretarios, ni la madre que los parió, sino la falta de coraje de los sucesivos responsables gubernamentales (estatales y autonómicos) a la hora de dotar de recursos y de pautas de funcionamiento modernas a un servicio público que está organizado y concebido sobre presupuestos decimonónicos.

Ya se que en el ámbito penal no es aceptable, en orden a la atribución de culpabilidad al sujeto, propugnar aquello de que “el que es causa de la causa es causa del mal causado”, pero a veces resulta un tentación casi irresistible hacerlo, y no me refiero al juez Tirado, sino a nuestros representantes políticos, que se supone cobran de nuestros impuestos para resolver los problemas que nos afectan.