lunes, 21 de julio de 2008

CRISIS INMOBILIARIA Y AUXILIO DEL ESTADO

Hace escasamente unas pocas semanas, el Gobierno de la Nación puso en marcha un proyecto de ley en virtud del cual se decidió finalmente por regular los denominados “chiringuitos” financieros, esto es, personas físicas o sociedades dedicadas a prestar dinero a personas físicas o sociedades en situaciones de auténtico apuro económico y a los que no se exigen demasiados requisitos a la hora de formalizar el préstamo precisamente por la situación de apuro en la que se encuentran, pero a los que sí se exigen unos tipos de interés que algunos califican como usurarios, pero que en realidad se caracterizan por ser simplemente superiores a los intereses medios de mercado. Para los prestamistas se trata de un excelente negocio; para los prestatarios, de la única salida que les queda ante la negativa de los Bancos y Cajas de Ahorro a prestarles más dinero. ¿Era necesaria la regulación de esta actividad de los “chiringuitos” por parte del Estado? Yo creo que sí, entre otras razones, porque ya hemos podido comprobar cómo los presuntamente estafados del caso Forum Filatélico reclaman al Estado que les devuelvan (de los impuestos pagados por todos) el dinero perdido por no haber el Estado supervisado de forma más detenida y minuciosa las actividades desarrolladas por los gestores de esa sociedad privada. Es la vieja y repetida historia: ante las ganancias, privacidad absoluta y poca o nula intervención de los poderes públicos (y menos aún por vía de impuestos, que es la vía por la que los demás participamos de la riqueza de otros); ante las pérdidas, carácter público de las mismas y todo el mundo a pechar en pro del interés general (¿?).

Es cierto que hay determinados supuestos en los que la intervención del Estado se hace necesaria ante situaciones que supondrían el riesgo de quiebra del propio sistema económico capitalista. Lo hemos visto recientemente en EE.UU y Gran Bretaña con la “nacionalización transitoria” de determinadas entidades financieras. Sin embargo, como liberales consecuentes en el terreno económico, debemos propugnar que ante la crisis de una empresa singular, ésta debe enfrentarse por sí sola a las consecuencias derivadas de la misma. Las reglas a aplicar son las reglas del mercado, y nunca las reglas del Estado (aprovechemos para decir que si fueran las reglas del mercado las que rigieran, aunque sólo fuere parcialmente, el funcionamiento de las Universidades públicas españolas, la mayoría de ellas estarían cerradas por ineficaces e ineficientes).

En el caso de la crisis de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, hay algunos que ahora reprochan al Gobierno el no haber concedido finalmente a la empresa, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un crédito de 150 millones de euros. Sin embargo, semejante reproche no debería ser hecho en caso alguno al Gobierno, sino en todo caso a las entidades financieras privadas que finalmente decidieron dejar que la inmobiliaria entrara en “suspensión de pagos” por razones estrictamente económicas (Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular, etc.). Como contribuyente, tengo claro que esta “pequeña” ayuda económica con fondos públicos, no sólo no hubiera resuelto los problemas de Martinsa-Fadesa, sino que además hubiera supuesto un escarnio para todos aquellos que vivimos pendientes de las variaciones del Euribor para el pago de nuestra hipoteca. Además, no cabe olvidar que los adquirentes de inmuebles de Martinsa-Fadesa pagaron y se hipotecaron por precios que en algunos casos superaron en más de un 125% el coste real de los mismos. En ese amplio margen se halla el fabuloso beneficio de la inmobiliaria, y eso es lo que parece que finalmente ha estallado, pues era insostenible por más tiempo en términos económicos.

No hay comentarios: