CHOVITO

Es el nombre de un pequeño poblado de viviendas autoconstruidas en una zona costera de la isla de Tenerife. Al parecer, las primeras construcciones datan de hace unos treinta o cuarenta años, y todas ellas invaden la zona de costa que forma parte del dominio público marítimo terrestre, por lo que se encuentran en situación de manifiesta ilegalidad. Esta circunstancia ha determinado el desalojo de las viviendas por la fuerza para proceder luego a su destrucción.

Hasta aquí los hechos sucintamente presentados. Por medio, la intervención de los políticos, de las ONG, de los afectados, de los no afectados y, sobre todo, de una multitud de pésimos o falsos periodistas que desde distintas emisoras locales de radio y televisión, pero también desde la televisión y la radio oficial del Gobierno de Canarias (es decir, la Televisión y la Radio pública autonómica pagada con nuestros impuestos), han aprovechado estos hechos para manipular y confundir a la ciudadanía.

Aunque no suelo estar por lo general atento a los medios locales, a lo largo del día de ayer he prestado atención a las supuestas informaciones que tales medios iban dando de los acontecimientos del desalojo por la guardia civil de las viviendas y de su posterior destrucción. La verdad es que he sentido vergüenza del nulo nivel profesional que presentaban los seudoperiodistas que se dedicaban a transmitir la información. Más que informar, su misión era la de incitar al oyente o al telespectador a la rebelión contra una injusticia que se estaba cometiendo por parte de la Administración Pública y, en particular, por la Administración del Estado. Desconozco dónde se habrán formado estos supuestos periodistas, pero el nivel de ignorancia y chabacanería que les caracteriza es inigualable y difícilmente superable.

¿Cómo resistirse a mostrar un mínimo sentimiento de solidaridad y simpatía ante unas personas que son sacadas por la fuerza de sus casas, profiriendo gritos, insultos y clamando por una justicia que supuestamente les ha sido negada? ¿Cómo reprimir ese sentimiento profundo de indignación que nace del alma ante el comentario abierto y sin tapujos del periodista que se atreve a afirmar que lo que se está cometiendo es una injusticia contra el débil y que sin embargo al poderoso se le permite que vulnere la ley?

Es cierto que en ocasiones son de tal envergadura los privilegios que nuestro ordenamiento jurídico confiere a la Administración pública en aras de la defensa del denominado interés público, que da miedo verse como destinatario de la acción administrativa. Sin embargo, en el presente caso, la actuación administrativa ha estado fiscalizada con carácter previo por la intervención de una juez, que ha accedido a la suspensión temporal de la actuación de la Administración a fin de comprobar si efectivamente estaban presentes todos los requisitos que legitimaban dicha actuación. Una vez comprobados la existencia de tales requisitos, el juez no ha podido obrar de otra manera que como lo ha hecho, esto es, levantando la suspensión temporal establecida.

En esta tierra, y en el resto de España, no sólo se ha hecho “la vista gorda” durante muchos años por parte de muchos alcaldes a la hora del cumplimiento de las normas urbanísticas (o lo que es mucho más grave, se han cometido delitos de prevaricación y cohecho), sino que también, muchos ciudadanos (entre los que se incluyen muchos “listillos”) han actuado con cierto nivel de desfachatez e impunidad ante la ausencia de la debida supervisión por parte de los poderes públicos. A veces, el cumplimiento de la ley, aunque tarde en llegar, finalmente llega, y entonces, lo mínimo que se puede exigir a los que pretenden informar a la ciudadanía es que se limiten a su función, informar, y no a manipular.