UN LATIGUILLO DE CIERTA IZQUIERDA: EL NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

¿Es imaginable que un servicio público gestionado por funcionarios o personal laboral al servicio de la Administración pública funcione bien? Por supuesto que es imaginable, y no sólo esto, creo que existen experiencias evidentes de que ello efectivamente ocurre en la realidad. Sin embargo, también existen experiencias de lo contrario. Exactamente igual que lo que sucede en el ámbito privado: hay empresas que funcionan bien y otras que funcionan mal o muy mal. La diferencia radica en que mientras la empresa pública nunca quebrará (a menos que quiebre el Estado), la empresa privada ineficiente puede correr el riesgo de quebrar efectivamente y desaparecer del mercado.

La primera enseñanza entonces a tomar en cuenta es que el modelo de gestión, público o privado, en la prestación de un servicio no es garantía per se de un buen funcionamiento del mismo. Esta primera conclusión nunca será aceptada por la izquierda, supuesta defensora, por arriba de todo, de lo público. Cínicamente llegarán a afirmar que bien, que de acuerdo, que la calidad del servicio puede ser peor, pero que esto es sólo una mera apariencia, pues en el fondo se trata de un problema de forma y no de sustancia o contenido. Además, en tanto en todo modelo privado de gestión se persigue la consecución de un beneficio (y ello repercute en adoptar políticas de recorte de gastos que no siempre son superfluos), en el modelo público tales parámetros no existen. Los costes jamás serán un problema, y no sólo porque la financiación del servicio puede soportar déficits permanentes, sino porque tales costes siempre serán a cargo de otros que nada tienen que ver muchas veces con la propia prestación del servicio.

Existe una razón a mi juicio fundamental que explica que la izquierda defienda como una cuestión de fe la inconveniencia de la privatización de determinados servicios públicos. Se trata de una razón inconfesable, pero que de verdad pesa muchísimo a la hora de plantearse el debate de la privatización o no de los servicios públicos. La razón no es otra que la previa privatización que ya han realizado los funcionarios/laborales del propio servicio. Se trata del fenómeno de la denominada patrimonialización de la Administración pública por parte de sus operarios. La Administración se supone es una organización instrumental que está al servicio de los ciudadanos. Cuando el personal al servicio de la Administración –y por tanto de los ciudadanos-, margina esta función y asume como grupo de interés que la Administración está al servicio de tales intereses, el resultado no puede ser sino catastrófico.

En tales situaciones, la defensa de lo público no es más que una cortina de humo o un pretexto para esconder y justificar intereses sectoriales que en nada tienen que envidiar a la consecución para ellos del maligno beneficio privado. Pero mientras que el defensor de la privatización de los servicios públicos no oculta que el empresario trate de alcanzar legítimamente un beneficio económico, el supuesto defensor de lo público oculta descaradamente ser un privilegiado que se lucra del esfuerzo económico de todos los contribuyentes que pagamos indistintamente su eficacia/eficiencia, pero también y, en la mayoría de los casos, su ineficacia e ineficiencia, así como sus innumerables privilegios de todo punto injustificados, pero logrados sobre la base de un interés ilegítimo.