martes, 27 de enero de 2009

NO ES COMO OTRO TRABAJO, ES MUCHO MÁS...


En la Universidad española, ocupar uno de los denominados cargos académicos (Rector, Decano, Director de Departamento, etc.) es no sólo una carga debidamente remunerada a favor de la gestión de la institución, sino que es, sobre todo, un honor para el profesor o profesora que lo ocupa. Es verdad, en mi opinión al menos, que este honor estrictamente académico se ha desvirtuado con el paso del tiempo en un triple sentido: en primer lugar, como consecuencia de la masificación de las universidades, lo que ha conllevado a que efectivamente la ocupación del cargo se identifique más con la gestión burocrática que con la auctoritas que el cargo debería representar; en segundo lugar, con el carácter electivo del cargo, lo que se ha traducido en que muchos posibles candidatos de auténtico prestigio científico opten por no entrar a competir en un proceso electoral en el que no suele valorarse precisamente el prestigio científico y, en tercer lugar, por la retribución estipulada por el ejercicio del cargo, lo que determina que por esa vía muchos no piensen en otra cosa que en buscar un complemento al sueldo ordinario y, sobre todo, que vivan obsesionados con permanecer en el cargo y no ser desplazados por otros posibles competidores.

Hoy, en nuestras universidades, la regla general es que la pretensión de ocupar un cargo académico tiene más que ver con la denominada potestas que con la auctoritas. Es exactamente igual que lo que ocurre en el ámbito de la representación política. Ocupar un puesto de representación política no es concebido en la actualidad por los representantes como un honor y una responsabilidad de la máxima relevancia, sino que más bien, es concebido como un trabajo más al que se accede no precisamente en función de méritos personales, sino en función de haberse trabajado previamente el voto de los propios correligionarios y luego el voto de los ciudadanos, lo que determinará luego la fijación de la correspondiente retribución económica por los servicios prestados a la comunidad.

El sistema, además de discutible, está sujeto –como todo en esta vida de los humanos- a abusos y excesos injustificables: desde la fijación de retribuciones excesivas en términos comparativos con otras funciones a favor de la comunidad, hasta el reiterado escándalo que supone la aprobación de privilegios de todo tipo (planes de pensiones específicos; dietas para gastos de viaje, hospedaje y representación, etc.). Sin embargo, es este un aspecto que rara vez es objeto del debate político, entre otras razones, porque la propia oposición es partícipe también de este régimen de privilegios que en muchísimas ocasiones carece de toda justificación.

Sin duda, la recuperación de la auctoritas en la política y en la academia, es tarea complicada, pero en algún momento habrá que empezar, pues no hacerlo significará contribuir al deterioro del sistema democrático.

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