lunes, 9 de junio de 2008

MIGUEL ZEROLO: UN JUICIO PARALELO INJUSTO Y ANTIDEMOCRÁTICO

Me había prometido a mí mismo no opinar sobre temas y cuestiones relativas al ámbito local (o insular, o regional, o de la denominada nacionalidad canaria). La razón no es otra que la de considerar que el sistema de medición que cada uno de nosotros tiene del asco que le producen determinados hechos o acontecimientos, en mi caso hace ya tiempo que había superado el nivel máximo a partir del cual se produce el vómito. Cuando esto sucede, la reacción natural no puede ser otra que la de tratar de eliminar o neutralizar las causas que originan tanto retortijón de tripas. Entre las que yo he eliminado, al menos parcialmente, está la de leer o escuchar a algunos pseudo-periodistas o predicadores de mal agüero, rebatir firmemente todo comentario que se haga en mi presencia respecto a cualquier persona y cuyo fundamento se halle en una simple sospecha auspiciada por esos mismos pseudo-periodistas, y no atender a las supuestas razones que suelen esgrimir en su labor diaria determinados políticos, pues las mismas, suelen ser el resultado repetitivo de la dialéctica circular de “hijoputez” que han establecido previamente los pseudo-periodistas.

Se ha establecido por vía de hecho en nuestro sistema democrático un poder, hasta el presente incontrolado, capaz de desarrollar no un sano control del poder político (lo cual fortalece la democracia), sino un sistema paralelo de “injusticia” en virtud del cual la sospecha, el pábulo y, sobre todo, la presunción de culpabilidad, se erigen en los valores u objetivos a consagrar y defender por toda una serie de delincuentes y desalmados que, actuando por lo general impunemente, no sólo ponen en cuestión los derechos fundamentales de las personas, sino también, el significado mismo del propio sistema democrático de convivencia cuya esencia reside precisamente en el respeto a esos mismos derechos fundamentales.

La sana desconfianza que todo ciudadano debe tener hacia aquellos otros ciudadanos que ocupan puestos de responsabilidad política, tiene dos límites terminantes en democracia: la presunción de inocencia y el código penal. Cuando socialmente lo que se busca es la prevalencia (y es ese sentimiento el que se encargan de potenciar los enemigos del sistema democrático) de la insana desconfianza hacia nuestros representantes políticos por el simple hecho de serlo, el resultado no puede ser otro que el de sustituir la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad sin apelación posible (el individuo tendrá que demostrar su inocencia para no ser culpable, lo cual es una auténtica aberración moral y jurídica), y lo que es aún más grave, si en su momento la justicia (la única que existe en nuestro sistema representada por los jueces) llegara a declarar la inocencia del presunto culpable, ello le servirá de bien poco, pues ya habrá sido previamente “condenado”, vilipendiado, humillado y hasta destruido por los voceros de la injusticia. Es más, ya se encargaran estos mismos voceros de poner en cuestión la propia independencia de los jueces en aras al logro de su verdadero objetivo: destruir el sistema democrático.

Términos y conceptos de tanta trascendencia para la libertad de todos (pues todos, salvo los delincuentes, corremos el riesgo de perderla) como el honor personal, la presunción de inocencia, el servicio público a través del legítimo ejercicio de la representación política, la honestidad, etc. están hoy en peligro de quiebra permanente ante la ilimitada ofensiva de unos canallas que no creen en el sistema, que buscan el protagonismo que les niega de forma reiterada el resultado de las urnas, que se lucran con la difusión de la mentira o la siembra de la sospecha y que socavan a diario las reglas de funcionamiento del sistema democrático.

Es la cara resplandeciente del totalitarismo, sin tapujos y con una justicia que parece impotente a la hora de garantizar el respeto debido a las personas. Con razón, son cada vez menos los ciudadanos que quieren dedicarse a la actividad política. Corren el riesgo cierto de ser calificados, de entrada, como potenciales corruptos y, por ende, “condenados” como tales a través de un procedimiento miserable, vergonzoso y que no permite defensa alguna, proveniente de aquellos que jamás han creído en el Derecho y en la independencia de los encargados de aplicarlo.

Tuve el honor de servir como independiente a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife durante tres años (2003-2006) en mi condición de concejal de Hacienda en un gobierno presidido por D. Miguel Zerolo Aguilar. Tanto antes, cuando el Sr. Zerolo ocupaba el cargo de Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias y la presencia de algunos profesores fascistas de la Universidad de La Laguna le “condenaron” a no poder terminar sus estudios de Derecho en esa Universidad por su condición de político, como ahora, en la que es objetivo principal de un “juicio injusto” ajeno a cualquier tipo de regla de Derecho, quiero dejar aquí constancia de mi consideración y respeto hacia su persona y trayectoria política. Siendo, como soy, jurista, defenderé siempre y en todo momento su inocencia, y estando convencido de la misma, espero y deseo que la verdadera justicia ponga fin de una vez a tanta ignominia.

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